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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

«Renuncia o despido»: el reclamo de legisladores porteños por el escándalo de los chats de D’Alessandro

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Los legisladores porteños Matías Barroetaveña y Javier Andrade calificaron de insuficiente la licencia que se tomó el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Afirman que se debe avanzar en la remoción de D’Alessandro y exigen explicaciones al jefe de Gobierno porteño.

El legislador porteño por el Frente de Todos Matías Barroetaveña cuestionó este miércoles la decisión del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, de pedir una licencia por supuestos «motivos personales» tras desatarse el escándalo por la nueva filtración de chats que dejan al descubierto un entramado de corrupción connivencia con la Corte Suprema.

En diálogo con La García por AM750, explicó que esta nueva filtración se tendría que haber traducido en la renuncia o despido del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Para Barroetaveña, con esta situación intermedia, que no implica ni sostenerlo ni apartarlo, el Gobierno porteño busca “patear la pelota” para adelante y “que no explote” el escándalo por corrupción.

Un dato positivo es que tuvieron que hacer algo. Me llamaba la atención que pudieran tener tanta impunidad. Hacer cualquier cosa frente a lo que describíamos. Primero con los audios de Lago Escondido y después estas filtraciones donde hablamos de corrupción. Que no hubiese reacción hablaba de un sentimiento de impunidad”, reveló el legislador.

En este sentido, calificó el pedido de licencia como una «situación intermedia». «Intentan patear la pelota y que esto no les explote. Por un lado, no pueden mostrar los teléfonos y poner todo a disposición», sostuvo, y remarcó que «entonces están asumiendo la culpabilidad, pero con soluciones que no son definitivas». «Todos sabemos que esto se debe traducir en una renuncia o despido”, agregó.

Para Barroetaveña, “institucionalmente, no se hizo nada”. “Le tienen un terror enorme a cómo va a seguir escalando esta interna entre mafias. Porque está claro que se están tirando carpetazos donde nosotros como Frente de Todos vemos de afuera viendo repercusiones”, puntualizó.

Luego, finalizó: “Nosotros estuvimos charlando con los miembros del bloque y planteamos el juicio político a D’Alessandro y Mahíques. Ahora hay otros contenidos que involucran temas que veníamos denunciando. Ayer estábamos viendo y ya ha habido algunas denuncias. Tenemos que evaluar y volver a presentar en la legislatura esa convocatoria. En estos nuevos chats se habla de Horacio. Estamos viendo que esto va escalando”. 

«Hay que avanzar con el juicio político a D’Alessandro»

De manera enfática, otro legislador porteño, Javier Andrade, reclamó por AM750 avanzar con el juicio político al ministro de Justicia y Seguridad porteño.

“Más allá de que seguimos exigiendo la remoción del cargo de D’Alessandro, entendemos que hay que avanzar con el juicio político y que el ministro dé la cara en la Legislatura y no en los medios”, sostuvo.

Además, Andrade definió como “extraña” la licencia otorgada al ministro porteño. “Siempre que un trabajador de la Ciudad se pide una licencia establece las causas y el tiempo”, dijo a la par a la que señaló el rotundo silencio del jefe de Gobierno porteño.

“Uno no deja de asombrarse por el silencio de Larreta y de sectores que forman parte de Juntos por el Cambio, como el espacio de Lousteau o Carrió. No dimensionan, o sí lo hacen y son parte del encubrimiento, de este hecho, de tanta gravedad institucional”, finalizó.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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