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Quiénes necesitarán recibir una tercera dosis contra el coronavirus

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Mientras el Gobierno analiza dar una tercera dosis contra el coronavirus, también piensan en quiénes serán los grupos con prioridad.Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el Gobierno analizará en los próximos días dar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto se tuvo en cuenta luego de que en varios países haya comenzado a brindarse este refuerzo.Sin embargo, en caso de que se aplique, se tendrán en cuenta criterios de prioridad.
Respecto a esta “población estratégica”, según mencionó la ministra, los primeros grupos que podrían llegar a recibir una tercera dosis serán las personas que hayan recibido un trasplante, ya que suelen tomar medicación inmunosupresora para asimilar el nuevo órgano.
De hecho, ya hay evidencia científica que sostiene esto: en la revista Annals of Internal Medicine, un estudio demostró que estos pacientes que son inoculados con una dosis extra aumenta sus anticuerpos frente a una baja respuesta con la vacunación tradicional.Por su parte, Vizzotti también expresó que “pensar en vacunaciones periódicas siempre estuvo en la agenda, sobre todo en personas con más riesgo de tener complicaciones o que tienen menos robusto su sistema inmune, como los mayores de 60 años”.
Otros de los sectores de la población que serían tenidos en cuenta como prioridad son aquellos que padezcan enfermedades crónicas renales. En este sentido, un estudio preliminar realizado en Francia y publicado el 6 de julio indicó que de doce personas que realizaron diálisis y no generaron anticuerpos después de haberse dado las dos dosis contra la COVID-19, la mitad logró aumentar la cantidad tras una tercera inyección.
Cabe mencionar que Vizzotti anunció, además, cuándo empezaría la inmunización adicional. Esto será después de que se inocule a los adolescentes de entre 12 y 17 años con y sin factores de riesgo, y luego de que la población general haya completado el programa de vacunación.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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