El tribunal condenó a nueve imputados y hubo cuatro absueltos. Los fundamentos se conocerán el 9 de marzo de 2023. Quedan dos instancias de apelación.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

El Tribunal Oral Federal número dos condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como autora del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.  Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini hablaron de “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial. Lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”.

El fallo tuvo un alto contenido político y produjo su primera consecuencia en ese sentido: el anuncio de CFK de que no será candidata a nada en 2023 es la  nota más resonante de la intensa jornada de hoy.

En ese contexto, parece ridícula la intención del fallo, que pretendió ser salomónico. La mitad de la pena pedida por los fiscales, la mitad de los delitos que imputaron. Nueve condenados, cuatro absueltos, entre ellos el ministro de Planificación Julio De Vido. Los absueltos, en realidad, también son nueve: a los cuatro de este juicio se deben sumar los responsables de la administración del presupuesto nacional, los cinco jefes de Gabinete que se desempeñaron entre 2003 y 2015.

Si bien ninguna condena superó los seis años, tampoco ninguna es de cumplimiento condicional. En caso de quedar firmes, todas se pagarán en la cárcel, pese a que la mayoría de los imputados son primarios, es decir, no tienen antecedentes. Normalmente esas condenas son de ejecución condicional.

Es sólo una anécdota, puesto que los imputados no estaban dispuestos a aceptar ninguna condena, pues aseguran que no hubo delitos.

Los jueces condenaron a Lázaro Báez, Cristina Kirchner, José Francisco López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el titular de vialidad provincial Raúl Pavesi a seis años de cárcel más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Si el fallo fuera confirmado en las instancias que quedan, los tres jueces del tribunal oral, más otros tres de la Cámara Federal de Casación Penal, más los cuatro de la Corte Suprema (es decir, diez personas en total sobre una población de más de 45 millones de personas que habitan la Argentina habrían decidido el final de la vida institucional de la principal dirigente política, sea para los que la aman, sea para los que la odian).

Mauricio Collareda fue condenado a cuatro años de prisión, Raúl Daruich a tres años y medio, a Raúl Pavesi a cuatro años y medio, a José Santibáñez a cuatro años y a Juan Carlos Villafañe, a cinco años de inhabilitación. Además ordenó el decomiso de 84.835.227.378,04 pesos. El detalle de los cuatro centavos tampoco tiene demasiada explicación.

El 9 de marzo del año próximo el tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo. Hay mucho para explicar y entender y –de momento- preguntas con respuestas difíciles siquiera de imaginar.

No obstante, y a modo de adelanto de lo que dirán en detalle, el tribunal repartió un documento en el que aseguró que “se demostró que un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, en apariencia y ab initio de carácter neutrales, fueron enderezados con la palmaria finalidad de concretar y asegurar la ejecución de la maniobra criminal, reafirmando el funcionamiento del aceitado y concertado circuito de irregularidades.  Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.

La condena tiene dos instancias de apelación por delante. El hecho judicial está todavía lejos en el tiempo de quedar firme. Pero el objetivo político –que parecen haber conseguido los sectores que, como dijo la vicepresidenta, la quieren “presa o muerta”- terminó pateando un hormiguero cuyas consecuencias aparecen hoy, como impredecibles.