Después de numerosos años de soportar pasivamente el asedio judicial del macrismo, el pedido de juicio político a los jueces de la Corte y las denuncias contra los jueces que participaron en el convite multimillonario en Lago Escondido muestran un giro en la actitud del Frente de Todos.

Por Luis Bruschtein

El operativo clamor en el Frente de Todos erra la puntería cuando le reclama a Cristina Kirchner que asuma la candidatura presidencial. Si ella aclaró desde el principio que no se trata de un renunciamiento sino que fue proscripta por la guerra judicial, resulta por demás claro que la mira tendría que apuntar hacia los que la proscriben más que a la víctima de esa persecución. Esa idea quedó clara cuando en ese mismo discurso lanzó la consigna “mafia o democracia”.

Dicen que, en realidad, la vicepresidenta no tiene condena en firme y hasta que llegue a la última instancia, nada le impediría ser candidata, ganar las elecciones y asumir como presidenta. Pero los tiempos de la Justicia no los maneja ella sino sus perseguidores. Si ella ganara, todas esas instancias podrían sucederse con la misma velocidad con que el juez Sebastián Ramos cerró la causa contra Silvio Robles, el asistente de Horacio Rosatti. Puede ganar las elecciones y en dos días tener condena en firme.

El neoliberalismo está en proceso de decadencia en todo el mundo. En especial en América Latina demostró que no está dispuesto a entregar espacios que ocupó durante los años de hegemonía indiscutible. Los levantamientos violentos en Santa Cruz de la Sierra, contra el presidente Luis Arce, en Bolivia; el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, y la sangrienta represión a las protestas populares en Perú y el intento de golpe contra Lula en Brasil dan cuenta del nuevo contexto.

Pero a esa lista hay que agregarle en letras mayúsculas el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. El neoliberalismo perdió la hegemonía absoluta en un mundo donde Estados Unidos, su principal bastión, está perdiendo centralidad y se debate para mantener su influencia, sobre todo en América Latina, a la que siempre consideró su “patio trasero”.

Un sector de la derecha dura ha crecido como producto lógico de ese nuevo contexto. El intento de magnicidio nunca fue “algo de loquitos”, sino la expresión de que las cosas están cambiando en América Latina. Es una ingenuidad, o expresión de mala fe, hablar de ese atentado fracasado sin relacionarlo con las otras acciones de violencia de la derecha en la región.

Pero la investigación del intento de magnicidio evitó abiertamente avanzar sobre los autores intelectuales y sobre los que financiaron al grupo terrorista. La jueza María Eugenia Capuchetti siguió las indicaciones de Mauricio Macri para que el atentado quedara en el grupito de marginales que tuvieron participación directa.

A diferencia de Brasil, en Argentina no se ha podido separar de su expresión judicial a esa tendencia explosiva de la derecha. Esa mezcla es una bomba de tiempo que puede hacer estallar la convivencia democrática y retrotraer al país a un pasado trágico.

En esta historia puede haber sorpresas, pero no hay coincidencias: una de las consecuencias de la primera audiencia por el pedido de juicio a los jueces de la Corte, fue la agresión en declaraciones periodísticas de una diputada del grupo de Javier Milei a la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y a Gustavo Molfino, familiar de desaparecidos.

Hay una conjunción de ambas circunstancias: la violación a los derechos humanos durante la dictadura y el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.

La diputada Victoria Villarruel –una defensora de la dictadura y el genocidio– nunca se había presentado en alguna de las audiencias de esta comisión. Pero en este caso fue y no abrió la boca hasta que se retiró y declaró ante un grupo de periodistas contra la Madre de Plaza de Mayo y contra el familiar de desaparecidos.

Nadie podrá alegar que Nora Cortiñas es kirchnerista. Fue muy crítica durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su presencia en la comisión de juicio político fue crítica incluso con el presidente Alberto Fernández: “El juicio político llega muy tarde. Estos jueces ya han hecho mucho daño, –dijo–, no solo beneficiaron a los grupos económicos y mediáticos, sino también a los genocidas de la última dictadura”. Y denunció el intento de la Corte de otorgar el 2×1 a los genocidas.

La ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, denunció que había identificado al ex policía Eduardo Ramos Campagnolo, uno de sus torturadores, entre los colaboradores de Horacio Rosatti, cuando era intendente de Santa Fe. Pero el torturador permaneció en su puesto, protegido por el actual titular de la Corte.

Aunque Nora Cortiñas tiene razón, hay un dicho que dice “mejor tarde que nunca”. Resulta sorprendente que el Frente de Todos haya soportado sin reaccionar tantos años de jaqueo judicial. Al llevar a sus adversarios a los tribunales, el macrismo evitó el debate político y deslegitimó a sus adversarios.

Hay antecedentes de esta mala praxis en la historia de este país, como los de Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento cuando reprimieron a los caudillos federales. Escondieron el enfrentamiento político, acusaron de delincuentes a sus adversarios y en vez de represión dijeron que se trataba de una “guerra de policía” contra esos “delincuentes”.

Si en Brasil, fue el Supremo Tribunal de Justicia el que frenó la persecución judicial contra Lula y sus compañeros, en Argentina, la Corte Suprema, eligió hacer su juego en alianza con el macrismo y encubrió la persecución judicial contra el peronismo. Los mensajes del celular de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, son reveladores de esa complicidad deshonesta.

Las denuncias contra los jueces que participaron en el convite multimillonario del Grupo Clarín en Lago Escondido, los pedidos de juicio ético para estos jueces en la Universidad, e incluso los repudios en los ámbitos relacionados con el mundo de la Justicia también tendrían que haber empezado antes. Igual que las convocatorias para repudiar a la Corte y exigir una reforma del Poder Judicial, como la que se hizo el miércoles frente a Tribunales.

La estrategia macrista fue desprestigiar a sus adversarios con denuncias falsas y causas abiertas por fiscales y jueces cooptados. Kirchneristas y peronistas reaccionaron como si se tratara de jueces y fiscales corrientes. La ofensiva contra los funcionarios judiciales cooptados por el juego político para deslegitimar a dirigentes, tiene que deslegitimarlos a ellos. Sin embargo, la reacción fue tardía.

Esta demora se puede explicar de muchas maneras y una de ellas es que para que sucediera esta reacción, tuvo que haber estas revelaciones, fruto, como alega ahora el macrismo, del espionaje ilegal. Y si recién ahora se conocen y no antes, cuando las necesitaba el peronismo, es porque el peronismo no hizo espionaje. Y porque estas revelaciones provienen de guerras internas del macrismo.

En esa interna se encuadra la brutal denuncia de Florencia Arietto que responsabilizó, con mucha razón, a Patricia Bullrich por los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. “El Estado no puede andar dejando muertos cada vez que ordena un desalojo” dijo. Las declaraciones de Arietto excedieron la interna y tomaron la dimensión de una denuncia judicial grave. El exceso que transforma la política en una carnicería es una marca del macrismo. Es la estrategia que ha utilizado en su disputa con el kirchnerismo, tanto desde el llano, como cuando fue gobierno.

Es una ley de la política: lo que se usa contra el adversario externo -el espionaje ilegal, la persecución judicial y la difamación– termina jugando también en la interna.