NACIONALES
Por mayoría, Diputados aprobó la ley Automotriz

La iniciativa recibió 227 votos positivos y solo fue rechazada por los cuatro diputados de izquierda y los cuatro liberales.
La Cámara de Diputados avanzó hoy con la media sanción del proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz- Autopartista y su cadena de valor».
La iniciativa, que fue presentada en la Cámara baja hace casi un año y anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo del año pasado, cosechó 227 votos favorables, ocho rechazos y una abstención.
Los votos negativos fueron aportados por los cuatro diputados liberales (Avanza Libertad y La Libertad Avanza) y por los cuatro legisladores trosquistas del Frente de Izquierda-Unidad.
La única abstención llegó de la mano de la diputada de Juntos por el Cambio Paula Omodeo.
El proyecto
Se trata de una medida que había sido originalmente impulsada por el ex ministro Matías Kulfas como parte de un paquete de iniciativas vinculadas al Desarrollo Productivo que también incluía la ley de Electromovilidad, la ley de Promoción Agroindustrial, Compre Argentino, una nueva ley de Hidrocarburos y el régimen de Promoción de la Construcción.
La iniciativa busca desarrollar las inversiones en los eslabones de la cadena de valor automotriz, contribuyendo a generar un mayor componente nacional en la producción de los bienes del sector.
Entre los beneficios que contempla para reducir el costo fiscal de las inversiones se encuentran la devolución anticipada del IVA, una amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, y la reducción a cero de los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031.
Los bienes producidos en el marco de estos proyectos de inversión deberán incluir un Contenido Mínimo Nacional (CNM) del 15% durante los primeros tres años de producción, y del 20% durante los siguientes dos años.
De esa manera, se busca satisfacer las metas de incremento en el componente nacional de los bienes producidos por la industria.
Las empresas tendrán plazo para solicitar la incorporación a este régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.
También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.
Además, la iniciativa declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.
El debate en el recinto
Luego de una larga ronda de discursos políticos de parte de representantes de la oposición que plantearon diversas cuestiones de privilegio en el recinto, se inició el debate concreto de la ley automotriz con la palabra del presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien destacó que esta actividad genera en la actualidad «650 mil empleos industriales en la Argentina, 200 mil empleos en forma directa, y 450 mil en forma indirecta».
El entrerriano, miembro informante del oficialista, explicó que la ley busca «generar estímulos para la inversión en la Argentina, para la generación de empleos y para la generación de exportaciones».
«Al conseguir estas inversiones, y al sustituir componentes extranjeros por componentes nacionales, estamos ahorrando dólares que saldrían por la compra de esos componentes. O sea, sustituimos importaciones. Además, estamos generando la potencialidad de mayores exportaciones», subrayó.
Le siguió como oradora la macrista Laura Rodríguez Machado, quien arrancó su intervención con los tapones de punta al pedir que se rinda «homenaje» a «los industriales de este país, sobrevivientes de la política populista del kirchnerismo».
«Este proyecto trae alivio fiscal a un sector que, como otros, está sufriendo una de las más grandes presiones fiscales en la historia tributaria argentina», expresó la cordobesa del PRO
Y concluyó: «En esta Argentina del ‘salvase quien pueda’ vamos a ir ayudando a los que podamos, hasta que gobernemos nosotros, que vamos a tener una política general para toda la industria de los argentinos».
A su turno, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, sostuvo que «está muy bueno el proyecto porque lo que hace es darle y proveer los instrumentos para que este sector estratégico adquiera toda aquella competitividad que nos hace falta frente a jugadores como Brasil, México, Sudáfrica, que son firmes competidores de nuestra industria automotriz».
Por su parte, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) sostuvo que estaba de acuerdo con «impulsar y fomentar las inversiones», aunque apuntó que «es imposible hablar de este proyecto sin hablar del contexto en el que fue presentado».
Al respecto, recordó que «el proyecto fue firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el ministro de Producción, Matías Kulfas. Ninguno de los tres está en sus cargos».
«No hay forma de estimular las inversiones de un sector, ni tiene previsibilidad una empresa para invertir, si no tiene otras condiciones de estabilidad nuestra economía. Eso es lo primero que hay que discutir, al igual que la competitividad de la economía del país», cerró.
El diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás Del Caño (PTS-FIT) criticó el proyecto y sostuvo que «hablar de una ley que le da más beneficios a las grandes multinacionales automotrices, como la devolución anticipada del IVA y la reducción del monto a pagar de ganancias, para darle previsibilidad a las patronales, es una vergüenza».
«¿Qué previsibilidad se les da a las grandes mayorías populares del país? Ninguna, lo único que saben es que el ajuste es contra ellos», completó el opositor de izquierda.
El liberal José Luis Espert (Avanza Libertad), que votó en contra del proyecto, se quejó de que la industria automotriz sea una vez más «premiada» pese a estar en una situación de «absoluta decadencia».
«Por eso necesita permanentemente respiradores artificiales como lo es este proyecto de ley», analizó el economista de derecha, que pidió dejar de sustituir importaciones y poner la energía en el desarrollo de otras actividades económicas donde Argentina tiene mayor competitividad y ventajas comparativas.
Espert remarcó que en el país se venden autos a casi el doble de precio dólar que en otros países de la región, por lo que pidió que el Estado deje de dar un «apoyo espurio a industrias que se sostienen con consumidores que pagan esta fiesta».
Hacia el final del debate, el santafecino del PRO Carlos Nuñez opinó que «el Poder Ejecutivo debe beneficiar a todos los sectores y no a uno en particular».
NACIONALES
Pasar el verano: el panorama de los precios

Los anuncios de eliminación de controles de precios ya aceleraron la dinámica inflacionaria, que se mueve por expectativas.
La liberación de precios que plantea el próximo gobierno de Javier Milei «va a ser en contra del consumidor”, aseguran las asociaciones de defensa de los usuarios. La lista es extensa, desde el tipo de cambio, cuyo aumento impactará sobre todos los demás precios, hasta los acuerdos en la canasta de consumo masivo, medicamentos, medicina prepaga, servicios domiciliarios y boletos de transporte. Todos esos gastos, que están en la primera línea del consumo de los hogares, serán cada vez más caros. De hecho, el presidente electo vaticinó una inflación en aumento en los próximos meses. Página/12 consultó la visión al respecto de las entidades de defensa del consumidor.
Como pequeña muestra de lo que podría venir, la primera semana luego del balotaje presidencial las grandes cadenas de supermercados recibieron aumentos de hasta un 50 por ciento en las listas de proveedores, mientras que en la segunda semana las subas superaron el 100 por ciento. Las grandes proveedoras alimenticias suspendieron la entrega de mercadería porque los acuerdos de precios serán discontinuados y hay faltantes en las góndolas. En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 11,9 por ciento y llega al 160,6 por ciento interanual.
«En las últimas semanas se está viendo cómo en algunos hipermercados de zonas medias la gente estaba haciendo compras exorbitantes, e inclusive en mayoristas, para acaparar porque saben que los precios se van a ir a las nubes, esto es demostrativo de lo que va a pasar después del 10, la liberación va a ser en contra del consumidor», aseguró el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.
«En estas últimas dos semanas, lo normal ha sido una remarcación furiosa, se puede ver el ámbito especulativo porque hay dispersión de precios«, agregó. Además señaló que «han empezado a faltar en las góndolas algunos productos, notamos en los barrios la falta de algunos productos muy específicos, y en las góndolas de los hipermercados algunas grandes marcas que tienen acuerdos con el gobierno también han desaparecido: hay retención de los productos para después del 10 de diciembre».
Falta de competencia
“Tenemos un sistema de precios libres, con algunos precios acordados, otros regulados y tenemos los servicios públicos. Los precios libres están en alza. Los precios acordados (o Precios Justos) van a desaparecer porque no habrá más controles sobre esos precios, que hoy están casi 40 por ciento más baratos que en comercios sin regular. Cada empresario pondrá el precio que le conviene, eso en teoría lleva a la baja de los precios por la competencia, pero en la práctica conduce a un alza, donde el que no puede comprar, no compra”, aseguró Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, en diálogo con este diario.
“En cuanto a los precios regulados, el aumento en las prepagas va en contra del marco regulatorio vigente, que deberá modificarse. Cada prepaga pondrá entonces el precio que quiera y de la competencia surgirá un valor, el cual irá en alza porque existen seis grandes jugadores que actúan en común de forma cartelizada, y un mercado de usuarios cautivos. Además, a ningún usuario del sistema de salud le gusta cambiar de compañía prepaga cada dos meses en función de los precios”, sostuvo Boada. También desde Adduc observaron que «están anunciando que van a liberar las cuotas», lo cual «está en contra de dos normativas: una es ley de medicina prepaga y la segunda es la Constitución Nacional.
Por su parte, Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) señaló respecto de los precios regulados que “el anuncio de quita de subsidios económicos para reducir el déficit fiscal implicará aumentos en las tarifas de servicios domiciliarios (luz, gas y agua). A esto se suma la eliminación del beneficio de los medicamentos gratuitos para jubilados del PAMI y aumentos en los boletos de colectivo y de tren. Todo esto tendrá un efecto notable sobre los precios».
“Los alimentos, medicamentos y artículos de limpieza venían subiendo en noviembre y siguen aumentando en diciembre porque el gobierno evidentemente ya no tiene ningún control sobre ellos”, indicó Bussetti. “Tuvimos una carrera de precios hasta 2020, con acuerdos de precios que funcionaban y una inflación cerrando en un 36 por ciento anual, y otra dinámica hasta el presente, donde los acuerdos funcionaron más deficientemente y la inflación cerrará en torno al 160 por ciento”, agregó.
En el último relevamiento de Precios Justos que hizo Deuco en La Matanza, se encontró un cumplimiento de apenas el 25 por ciento: “de 38 marcas de aceite, 53 de harina y 18 de yerba que tiene el programa, no había ninguna”. “El cierre de la Secretaría de Comercio en su área de control de precios está indicando que a partir del 10 de diciembre los sectores altamente concentrados, en monopolios y oligopolios que manejan la economía, impulsarán una fuerte suba de precios”, indica la entidad.
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