SOCIEDAD
Para renovar alquileres propietarios piden aumentos del 100%

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina aseguró que “muchos contratos no se van a renovar, sino que se van a extender”.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, se refirió a la compleja situación del mercado de alquileres señalando que la ley actual no beneficia a ninguna de las partes y advirtiendo por la tendencia de los inquilinos a extender el contrato en lugar de renovarlo, ante la imposibilidad de hacerle frente a los costos que eso implica.
En diálogo con el programa Un día de estos por Radio Rivadavia, Bennazar indicó que “para renovar los alquileres, los propietarios están pidiendo arriba del 100%”, por lo que “a tres días de los vencimientos de contrato de esta nueva ley, que ya lleva tres años, más del 30% hasta ahora hizo una extensión”. De esta manera, afirmó que esa tendencia aumentará al expresar que “muchos contratos no se van a renovar, sino que se van a extender”.
Asimismo, con este cuadro de situación descripto, sostuvo que “la Ley de Alquileres no es aceptada por nadie” e hizo alusión al crecimiento de los alquileres temporarios asegurando que es “el último chiste del desmadre de esta ley” y manifestó que “nos saca del juego a los corredores inmobiliarios”.
Continuando en esa línea, indicó que en cuanto a los costos “los alquileres temporarios ya te ponen la vara mucho más arriba, prácticamente el doble, de lo que es un alquiler tradicional”. A su vez, remarcó que el sector que se favorece con este auge es el de los desarrolladores y constructores, “que no vendían propiedades, porque antes era otra renta, ya que más del 70/75% eran personas de 65 años en adelante dueños de las propiedades comercializadas”.
A raíz de eso, Bennazar señaló que “hoy la construcción se reactiva levemente gracias al alquiler temporario”, al que calificó como “peligroso, porque los nuevos reglamentos de copropiedad te hacen hacer el edificio prácticamente como un apart hotelero, cuando estaba prohibido en la mayoría de los edificios el alquiler temporario”.
Al mismo tiempo, precisó que desde la CIA “hemos sacado una cláusula que se va a agregar en los contratos para facilitar e incluso bajar los costos de la garantía, que se han ido al 6%”. Al respecto indicó que la cláusula de arbitraje fue realizada en conjunto con el colegio de escribanos, y se comenzará a aplicar esta semana o la próxima.
En ese sentido, aseguró que esta herramienta “da previsibilidad para las partes de una resolución de conflicto lo más pronto posible”, por lo que “eso impacta en que bajen los costos”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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