SOCIEDAD
Para el fiscal, las declaraciones de los acusados «son frases sueltas»
Juan Dávila sostuvo: «No nos afectan sus declaraciones en cuanto a lo que ya está probado, son declaraciones. Es una cuestión de estrategia de la defensa». Burlando dijo que «no» cree en el pedido de disculpas de Thomsen.
«Frases sueltas». Así definió el fiscal Juan Dávila este martes a las declaraciones que algunos de los ocho imputados realizaron en los últimos días en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: “No nos afectan sus declaraciones en cuanto a lo que ya está probado, son declaraciones y frases sueltas. Es una cuestión de estrategia de la defensa”.
En referencia al testimonio de Máximo Thomsen, uno de los principales acusados, aseguró que fue “importante” que se haya identificado en el lugar de los hechos. Y aclaró que si bien resta solo una audiencia previa a los alegatos, los acusados conservarán el derecho de seguir declarando si así lo desean.
Por el momento la estrategia de los rugbiers que hablaron fue la de no admitir culpas, aunque tampoco señalaron a ningún compañero. Thomsen buscó colocarse como alguien que entró a pegar para defender a sus amigos de una agresión que estaban sufriendo, aclarando que dio una o dos patadas. Y admitiendo que las zapatillas le correspondían.
Así intentó despegarse del hecho de la premeditación, que es lo que más los complica de cara a la sentencia.
Fernado Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, dijo que «no» cree en el pedido de disculpas de Thomsen ni en su llanto: «Pidió perdón a la nada».
Antes de ingresar a los tribunales de Dolores, sostuvo que hizo «una disculpa al aire, en general. Ni siquiera miró a los padres de Fernando al hablar». Y agregó que el joven acusado «ayer tenía la oportunidad de decir muchas verdades», pero solo «dijo verdades a medias. El mejor tributo era aclarar qué hizo cada uno» de los imputados que aparecen en los videos. Pero el joven «habló de cosas que no pasan en los videos» como por ejemplo que él fue golpeado y calificó esos dichos como algo «infantil» porque «con solo poner play (a los videos) se ve la falsedad».
Para el fiscal Juan Manuel Dávila, el hecho de que Máximo Thomsen se haya implicado en la escena del crimen «robustece nuestra teoría del caso», y consideró que el rugbier «no ha refutado nada de todo lo que se probó en el debate».
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo
El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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