NACIONALES
Obra Pública: los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner
La acusaron como jefa de una asociación ilícita y como autora del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública». ¿Qué penas solicitaron para los demás acusados?
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público». «El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.
Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta. En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.
La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial. Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo. Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado. Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba «un solo atenuante» debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.
Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.
En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”. Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.
NACIONALES
Los estatales declararon persona no grata a Milei y quieren impedirle la llegada al Foro de Llao Llao
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este viernes, cuando Milei viaje a Bariloche para participar del Foro de Convergencia Empresarial en el hotel Llao Llao, recibirá al Presidente con manifestaciones de repudio. “En nuestra provincia es persona no grata, y se lo tenemos que demostrar”, anticipó sobre estas acciones callejeras el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. Los estatales no descartan cortar las rutas para impedir que Milei llegue al Llao Llao, aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya dijo que va a impedirlo. De hecho ya se anunció la implementación de un operativo de seguridad para impedir los cortes y manifestaciones anunciadas.
En en el Foro participarán algunos de los empresarios más poderosos del país, como Marcos Galperin (Mercado Libre), Marcos Bulgheroni (PAE); Agustín Otero Monsegur y Carlos Miguens (citrícola San Miguel); Federico Braun (La Anónima); Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant); Karina Román (Logística Román); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), y Verónica Andreani (Andreani). Además de Milei también participarán el presidente de Paraguay, Santiago Peña y el uruguayo Luis Lacalle Pou (que llegó a Bariloche en un avión privado junto a Galperín y otros empresarios argentinos radicados en Uruguay).
El lugar donde se realiza el exclusivo foro es emblemático. El Hotel Llao Llao es propiedad de Eduardo Elsztain (del Grupo IRSA), que durante la campaña y en las primeras semanas del gobierno de Milei lo alojó en el Hotel Libertador, del que también es dueño. El foro es un evento tradicional y muy reservado. Este año tiene a tres presidentes como invitados. Empezó este miércoles con Lacalle Pou exponiento; el jueves hablará el paraguayo y el viernes, día de las protestas, Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre.
La protesta
Desde que en diciembre llegó a la Casa Rosada, el gobierno de La Libertad Avanza despidió entre 12 y 15 mil trabajadores del Estado. Unos 12 mil según el relevamiento del gremio, 15 mil de acuerdo al vocero presidencial Manuel Adorni, posiblemente en previsión de nuevas reducciones de personal. Para una fuerza política que propone la desaparición del Estado, todos los ajustes en el gasto público son ostentados como si se tratara de noticias buenas, pero insuficientes.
Con las manifestaciones, ATE quiere hacer visible además la crisis salarial del sector, ya que en la gestión de Milei los sueldos de los empleados públicos llevan acumulada una pérdida del 20 por ciento. “Hemos perdido más poder de compra durante estos últimos cuatro meses que en los ocho años anteriores. El recorte sobre salarios y jubilaciones es brutal”, señaló Aguiar.
Finalmente, el dirigente gremial, que es oriundo de la provincia de Río Negro, planteó una cuestión más política. Con la «ley bases» y el mega DNU, aseguró, se agravará la entrega de la Patagonia a capitales extranjeros.
Aguiar señaló que el encuentro empresario “se realizará sin que la prensa pueda informar sobre las deliberaciones” y que sus protagonistas son “planeros con exenciones impositivas”, “Se reúnen en ese foro violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidos con el aumento de tarifas, herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEOs de laboratorios que lucran con la salud de los jubilados” agregó, por lo que consideró que cuando Milei llegue a Bariloche “deberían cortarse todas las rutas”.
En respuesta al anuncio de la protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió: “No nos van a cortar ninguna ruta, nosotros ya tenemos la decisión de trabajar todos y cada uno de los días”.
En declaraciones a la señal de cable LN+, Bullrich dijo que su gobierno ya consiguió “que las calles de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades estén liberadas” y añadió que “en Bariloche va a pasar exactamente lo mismo y mucho más si el que transita es el presidente de la Nación”.
A la protesta de este viernes se sumarán movimientos sociales de la UTEP y de las dos CTA. ATE resolvió además un plan de lucha para los próximos días, que incluye su participación en la marcha universitaria del martes 23 de abril y en la movilización del 1 de mayo así como adherir al paro convocado por la CGT para el 9 de mayo.
