SOCIEDAD
Massa relanzó Precios Justos: «La inflación es el principal problema de los argentinos»

El programa se extenderá hasta el 30 de junio y contempla una pauta de aumento del 3,2% mensual.
El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó oficialmente la renovación del programa Precios Justos, que ahora se extenderá hasta el 30 de junio, y consideró que la iniciativa permitirá «enfrentar el mayor problema de los argentinos, que es la inflación».
Además, destacó que el acuerdo incluye también los productos de la canasta escolar y el precio «de todas las escuelas privadas de la Argentina».
El funcionario justificó que se haya decidido adelantar la renovación de ese programa, para extenderlo hasta el 30 de junio próximo, con una pauta de aumento del 3,2% mensual.
«Ese es un objetivo que nos puede permitir enfrentar el mayor de los problemas que tienen los argentinos, que es la inflación», enfatizó Massa, en un acto que se realizó en el Centro CCK.
Ante funcionarios, empresarios y sindicalistas, el jefe del Palacio de Hacienda remarcó que Precios Justos «pretende que el 86% de los productos que consumen los argentinos tengan dos certezas: que hay casi 50.000 artículos que desde el 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar solo 3,2% mensual».
«La otra certeza es que hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precios fijos, porque eso le permite al consumidor cuidar un poco más su ingreso a la hora de elegir en la góndola del supermercado», añadió.
Además, el ministro indicó que esta segunda etapa del programa «tiene más premios y más castigos» y, en el caso de los premios, dijo que «gran parte de la cadena de valor de la industria de alimentación y del complejo de higiene y limpieza van a tener un programa de crédito para la producción de bienes de capital, con financiamiento a tasa subsidiada».
Y para «evitar picardías», comentó que algunas empresas «limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor», por lo cual anticipó que esas prácticas serán sancionadas.
Para el secretario de Comercio, Matías Tombolini, la pauta del 3,2% mensual «busca moderar las expectativas de inflación para mejorar el poder de compra».
El funcionario explicó que se trata de un «acuerdo voluntario donde participan más de 480 empresas», y subrayó que con Arsat y Amazon «nos pusimos a diseñar un mecanismo de control, que procesará 15 millones de datos por día y nos permite conocer cual es el precio de un producto en cualquier lugar del país».
Por su parte, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, celebró la ampliación del programa y destacó que este tipo de medidas «cambian la mirada sobre el contexto social. Esta iniciativa deja de lado la teoría de que sólo podemos ir en contra de la inflación sin entrar en la teoría de la devaluación y el ajuste que empobrece a la sociedad argentina».
«Acompañamos claramente una política para que a inflación descienda definitivamente», enfatizó el dirigente, quien a la vez reinvindicó «la libertad de las paritarias».
En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja sostuvo que el sector productivo «quiere estabilidad y previsibilidad», pero consideró que «hay factores distorsivos, que no son los industriales. Tenemos que discernir los reales problemas, por ejemplo la presión fiscal».
Según el empresario, «nos une la voluntad de encontrar caminos de solución, bajando expectativas. Este es un esfuerzo entre todos. Confío en que nos vamos a sentar y habrá raspones pero no enfrenamientos tribales. Buscamos acuerdos».
«Si miran los precios de salida de fábrica están por debajo de la inflación, en enero pareciera lo mismo, pero frutas, verduras y carnes van a influir, pero esto no obstaculiza el compromiso de las empresa», añadió.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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