SOCIEDAD
Lucio, Fernando y la violencia naturalizada

Por: Gustavo Sarmiento@GustSarmi
Son días de juicios, sentencias y mediatizaciones en la Argentina. Pasó el del crimen de Lucio Dupuy y mañana llegará el turno del de Fernando Báez Sosa. En el primer caso fue perpetua para la madre y su pareja. En el otro, está por verse. Aunque la presión mediática y de cierto sector social reclama perpetua para los ocho acusados, es difícil pensar la misma pena para todos. La abogada, docente y magíster en Criminología Claudia Cesaroni ya lo advirtió: «La consigna es ‘si no hay perpetua no hay justicia’. Es tremendo lo que se instaló. Y como no va a haber ocho perpetuas (salvo que la jueza y los jueces quieran tirar su dignidad a la basura), habrá odio y desilusión».
En esta edición, una nota apunta a mostrar cómo lo vive la ciudad de donde eran los acusados. En la crónica de Nicolás García Recoaro lo que se trasluce son testimonios sensatos de zarateños. Que «no queremos ser estigmatizados», que «si en el futuro salen de la cárcel, salgan mejores»; que «es una tragedia que nos invita a hacer un mea culpa de cómo se naturalizó la violencia»; que «no son monstruos, son humanos».
Nos encantaría pensar que son monstruos, salidos de la nada. Tenían todos los condimentos: clasismo, elitismo, rugbiers, en Gesell, en verano. Pero resulta que no son de clase alta, más bien de clase media. Y ni siquiera todos son rugbiers. Quizás sucede que la violencia naturalizada en las distintas capas sociales muestra cada vez más caras, como un volcán en explosión, en medio de un descreimiento en ascenso de la sociedad (y sobre todo los jóvenes) hacia el sector político y judicial. Y en el medio, avanzan las fuerzas reaccionarias que les prometen un mundo ideal donde todo depende de ellos, de nadie más. Que el otro no importa. Y si hay que pisotearlo para «progresar», se pisotea.
El tema es cómo se responde ante los contextos actuales. Hay hipocresías y algo paradojal: muchas de las mismas personas que saltan horrorizadas ante este caso descreen o minimizan el intento de asesinato a la vicepresidenta. Muchas que piden investigar a la jueza del caso Lucio se oponen a cualquier transformación del sector judicial. Denunciamos el racismo de «los rugbiers» pero ahondamos la supuesta grieta entre la clase media que come sushi y los sectores populares choriplaneros. Y hay, por qué no, sectores que avalan la violencia, y hasta les resulta funcional.
Lo vimos días atrás con las achuras: se necesita poco (apenas un par de mensajes de audios) para viralizar y paranoiquear a miles de personas. Transitamos épocas en las que nos piden no frenar, no analizar, no hay tiempo. No se pueden pensar contextos ni circunstancias. Elegimos creer, y que la realidad nos convalide nuestros preconceptos. Hay que tomar posición y gritar hasta que el partido termine, no importa cómo ni con cuántos jugadores en la cancha, pero que ganen los nuestros. No importa si el escenario que permitió que ocho o más pibes maten a otro pibe a la salida de un boliche no cambió. Que fue en Gesell como pudo ser Zárate o CABA. Que habrá condenas mañana (y se las merecen quienes cometieron el asesinato) pero que no cambió el por qué. No. No hay tiempo.
Quizá Lucio y Fernando hayan sido víctimas de algo más que sus asesinxs. Quizás hayan sido los cuerpos golpeados hasta morir de un sistema que pide a gritos ser modificado estructuralmente, con poderes del Estado que no llegan, no contienen ni previenen, o juzgan de acuerdo a lo que les dicta cada momento. Pero en la Argentina nadie escucha esos gritos de ayuda. Estamos todos gritándonos entre nosotros.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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