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SOCIEDAD

Los sindicatos docentes anunciaron un paro nacional el próximo lunes

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Se trata de los gremios docentes que pertenecen a la CGT: Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) -Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- anunciaron su decisión de ir a un nuevo paro nacional, el próximo lunes 4 de marzo, luego de que el Gobierno boicoteara la reunión por la paritaria nacional docente.

«Responsabilizamos al Gobierno nacional por las medidas que tomamos«, dijo Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), durante la conferencia de prensa que brindaron en la sede de la casa madre de los trabajadores, ubicada en Azopardo 802.

«Estamos volviendo a los años 90. Hoy no hay dos provincias que paguen el mismo salario», añadió Romero, acompañado por los triunviros de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

Los líderes sindicales rechazaron la postura del Gobierno, denunciaron la falta de respuestas en materia salarial y ratificaron la decisión de adoptar medidas de fuerza en todo el país.

Fue una pérdida de tiempo porque no ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos, y hasta en un momento quisieron negar el ámbito paritario”, denunció Romero, en referencia a la reunión en el edificio de la cartera laboral.

“El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta», subrayó. Además, declaró que no les »han hecho propuestas», y que tampoco se trató la mejora del salario inicial del sector docente, que »hoy está en $250.000», algo que se reduce »aún más» y queda »alrededor de los $220.000».

De esta manera, Romero confirmó que esto »los obliga a tomar medidas», y advirtió que esto es el »inicio de un plan de lucha que se extenderá» en el caso de »no tener respuesta de parte del gobierno nacional».

El líder sindical formó parte de la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, junto a los titulares del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que estuvieron por la CGT, mientras que también participaron sindicalistas de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

Por su parte, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, que también estuvo presente en la conferencia de prensa, manifestó su total apoyo a los docentes: «La CGT no va a mirar para otro lado porque se está deteriorando el poder adquisitivo», expresó.

«A la CGT no la apreta nadie, no pudieron los militares, no pudo Macri y menos va a poder este cachivache que es empleado de las corporaciones», señaló, en relación al presidente Javier Milei.

Cómo fue la reunión entre Gobierno, provincias y gremios

Tras arrancar formalmente las clases en medio de un paro nacional convocado por CTERA en ocho distritos, el Gobierno, las provincias y los gremios docentes se encontraron este martes en la Secretaría de Trabajo en el llamado a una reunión para definir el nuevo piso salarial docente, pero no hubo acuerdo

Tras la reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la sede Alem de la Secretaría de Trabajo, fuentes del Gobierno anunciaron que se confirmó la continuidad del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, uno de los pedidos sindicales para garantizar los recursos federales que permiten alcanzar el piso salarial.

No obstante, no habrá más Fonid sino que los fondos destinados a mejorar los salarios docentes se redireccionarán a políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar. Este punto generó una fuerte resistencia.

Asimismo, desde las provincias deberán presentar una propuesta a Nación para fijar un nuevo piso salarial. 

Desde las representaciones sindicales ya habían advertido que no solo se debe discutir un nuevo piso salarial a nivel nacional, que hoy ronda los $250 mil, sino también los recursos de Nación destinados a garantizarlo, así como al financiamiento de una educación de calidad. 

La reunión entre los representantes del Ejecutivo y los sindicatos docentes pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando existirá una nueva convocatoria para destrabar el conflicto.


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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