SOCIEDAD
Los precios mayoristas a contramano de la política anti inflacionaria
Los insumos para la producción y los bienes finales llegaron al mercado interno con remarcaciones promedio del 6,1% en diciembre.
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) del mes de diciembre llegó al 6,1% y se situó por encima del IPC del mismo mes que había alcanzado un 5,1%.
Dentro de ese índice que mide la evolución de los precios a los que importadores y productores locales venden al mercado interno destacan los precios de los productos importados que escalaron un 8% cuando, en el mismo período, el peso se depreció un 5,6% con relación al dólar.
A la vez, el índice de precios básicos al productor que mide la evolución de los bienes de producción local escaló un 7,2% como resultado de una suba del 11,1% en lo que se refiere a los productos primarios y del 5,7% para los productos manufacturados y la energía eléctrica.
El diferencial de un punto porcentual entre el IPIM y el IPC implica una señal de alerta para la política anti inflacionaria del gobierno que apuesta a reducir el IPC en un punto porcentual mensual por bimestre para llevarla hasta el orden del 3% en el mes de marzo.
Sin embargo, el índice de precios mayoristas, en general, resulta un adelanto de la inflación futura toda vez que se trata de los valores con los que los insumos llegan a la producción y los bienes a los minoristas que, luego, para no perder rentabilidad podrían trasladar a las góndolas donde se mide el IPC.
Así las cosas, el dato que se conoció hoy implica una amenaza de una posible reversión de la tendencia que comenzó a verificarse desde julio cuando el IPC llegó al 7,4% para comenzar un raid descendente hasta el mes de noviembre cuando tocó el 4,9% para volver a subir levemente hasta el 5,1% en diciembre. En lo que se refiere al cierre del año los precios mayoristas crecieron un 94,8% al igual que el IPC.
En el sector mayorista se registraron picos del 119,5% anual para los productos textiles y del 114,4% para el papel y sus productos. Por encima del 100% se ubicaron también las impresiones y productos de grabaciones (108,4%) y los productos refinados del petróleo (103,7%).
A la vez el índice del costo de la construcción que guarda fuerte injerencia en la actividad económica, en el mes de diciembre escaló un 5,6% y coronó unas variación interanual del 97,6%.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo
El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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