SOCIEDAD
Los intendentes se suman al pedido de juicio político contra la Corte Suprema

El documento de los jefes comunales cuestionando a los cortesanos. Cómo quedó el mapa de apoyos y cambios de posición.
Por: Gimena Fuertes@gimenafuertes
Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresaron este jueves su apoyo a la iniciativa que impulsa el presidente Alberto Fernández junto a varios gobernadores para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tiempo que advirtieron que «el federalismo no se negocia».
El apoyo de la FAM se suma a la avanzada de los 11 gobernadores peronistas que firmaron el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Surpema, luego de que los mandatarios peronistas Sergio Uñac, de San Juan, y Gustavo Bordet de Entre Ríos se bajaran del pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La FAM, presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, considera que «múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Core», como la «violación a la Ley de Ética Pública», que establece la excusación de los magistrados a intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos.
«Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses. Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales», remarcaron.
En tanto, más diputados salieron a respaldar la iniciativa del juicio político a la Corte entre ellos la entrerriana Blanca Osuna. Aseguró este jueves que “hay una situación concreta que afecta a todas las provincias y una clara evidencia de connivencia entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el asesor de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Eso deja en claro que hay una connivencia en el fallo de la coparticipación”.
Osuna se sumó a las declaraciones del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, quien sostuvo a FM La Patriada que «es un hecho importantísimo que el presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento. Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real».
Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Marcelo D’Alessandro, quien se tomó una licencia forzada tras la difusión de los chats, «debería renunciar o lo deberían haber renunciado porque es enorme la gravedad de hechos que se revelaron de sus conversaciones», afirmó.
PROVINCIALES
Brizuela: “La provincia transfirió en cinco meses a Río Gallegos, por coparticipación, más de 26 mil millones de pesos»

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, detalló que, durante los primeros cinco meses del año, la capital provincial recibió $26.356 millones en concepto de coparticipación, sin que hasta la fecha se haya presentado una rendición formal sobre el uso de esos recursos.
“Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos en lo que va del año, un promedio de 5.250 mil millones mensuales. Preocupa que el intendente Grasso siempre esté criticando a la provincia por los recursos y las inversiones, cuando nosotros tenemos publicada la información, en boletines oficiales donde entre otras cosas podés encontrar licitaciones o, sin más ni menos, en la página Web de la provincia se puede acceder a muchísima información, como todo lo que se coparticipa a los municipios, recaudación de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). Sin embargo, el municipio no presenta informes de ejecución presupuestaria, no implementa un boletín oficial, etc. No puede ser que una capital provincial tenga un sistema de acceso de información como si fuera una estancia y Grasso su patrón», subrayó Brizuela.
El funcionario también advirtió que el municipio no publica ejecutados presupuestarios, lo que impide conocer el destino real de los fondos. “No hay un solo informe disponible para los vecinos”, explicó.
Brizuela también señaló la inacción histórica del Tribunal de Cuentas provincial, que no ha auditado de forma efectiva las cuentas del municipio. “Durante años, el organismo de control se mantuvo al margen. No puede ser que un municipio de este tamaño, que administra recursos millonarios no tenga controles reales”, remarcó.
Finalmente, el ministro llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y control, en todos los niveles de gobierno. “Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos».
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