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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

Los intendentes se suman al pedido de juicio político contra la Corte Suprema

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El documento de los jefes comunales cuestionando a los cortesanos. Cómo quedó el mapa de apoyos y cambios de posición.

Por: Gimena Fuertes@gimenafuertes

Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresaron este jueves su apoyo a la iniciativa que impulsa el presidente Alberto Fernández junto a varios gobernadores para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tiempo que advirtieron que «el federalismo no se negocia».

El apoyo de la FAM se suma a la avanzada de los 11 gobernadores peronistas que firmaron el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Surpema, luego de que los mandatarios peronistas Sergio Uñac, de San Juan, y Gustavo Bordet de Entre Ríos se bajaran del pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

La FAM, presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, considera que «múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Core», como la «violación a la Ley de Ética Pública», que establece la excusación de los magistrados a intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos.

«Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses. Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales», remarcaron.

En tanto, más diputados salieron a respaldar la iniciativa del juicio político a la Corte entre ellos la entrerriana Blanca Osuna. Aseguró este jueves que “hay una situación concreta que afecta a todas las provincias y una clara evidencia de connivencia entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el asesor de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Eso deja en claro que hay una connivencia en el fallo de la coparticipación”.

Osuna se sumó a las declaraciones del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, quien sostuvo a FM La Patriada que «es un hecho importantísimo que el presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento. Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real».

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Marcelo D’Alessandro, quien se tomó una licencia forzada tras la difusión de los chats, «debería renunciar o lo deberían haber renunciado porque es enorme la gravedad de hechos que se revelaron de sus conversaciones», afirmó.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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