El abogado que apadrina a la familia desadjudicada del programa de viviendas, aseguró que las autoridades del Instituto usurparon la vivienda de su cliente, aprovechando que se encontraba desocupada.

En los últimos días se desató la polémica en Río Turbio a raíz de la determinación que tomó el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en el caso de una unidad habitacional en la ciudad. De acuerdo a las autoridades del IDUV, la vivienda se encuentra en tal situación irregular que amerita la desadjudicación: el titular de la casa no reside en la localidad (la vivienda se encuentra deshabitada) y además registra una deuda que no ha sido regularizada a pesar de las notificaciones enviadas por el ente.

León Obregón es el abogado que patrocina a la familia que protagoniza el conflicto contra el IDUV. Según lo expresado por el letrado «desde el Instituto dicen que los titulares tienen deuda, que en realidad no superar los 100 mil pesos. Creemos que acá que hubo una operación malintencionada: aprovechando que la familia estaba afuera, para tomar la vivienda y adjudicársela a otras personas”.

El profesional brindó declaraciones a Fm El Portal y aseguró que si bien el titular del inmueble trabaja en las represas de Rio Gallegos y su familia reside en la provincia de Mendoza por cuestiones relacionadas a la salud, los padres del dueño de la casa están en Río Turbio y se encargan del cuidado y mantenimiento de la misma y que en una de sus recorridas por el lugar «se encontraron con personas dentro de la vivienda».

De acuerdo a la denuncia por usurpación que lleva adelante el abogado en representación del titular, fue Moisés Pedrozo, Representante del IDUV de Río Turbio quien habría impulsado el proceso de desadjucación con el argumento de que la familia emigró de la ciudad y que no estarían interesados en volver. «Al notar que la cerradura había sido reemplazada, los familiares del dueño de la casa, radicaron la denuncia por que la vivienda había sido tomada, sin imaginar que se trataba del procedimiento del Instituto».

La casa en cuestión fue adjudicada en el año 2013 por el IDUV y fue habitada por la familia hasta el año 2020, cuando la familia del titular se vio obligada a trasladarse a la provincia de Mendoza por razones de salud. El hombre viaja desde Río Gallegos a Mendoza en cada ocasión que tiene licencia en su trabajo. En los últimos tiempos, el IDUV comenzó a apercibir al titular e incluso envió una intimación para que desocupe el inmueble porque aparentemente habría incumplido con los requisitos que impone el ente a los beneficiarios: no residía en el lugar y no mostraba voluntad de regularizar la deuda que se acumulaba con el tiempo.

Ante el comienzo del proceso de desadjudicación, el titular de la casa realiza una denuncia en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Río Gallegos. El abogado manifestó al respecto «el procedimiento se desarrolló en total oscuridad. Lo grave es que, si bien el IDUV puede impulsar el procedimiento para desadjudicar una vivienda, no puede realizar un allanamiento de morada y no puede violar el domicilio de la familia». Incluso, agregó «vecinos vieron como que algunas personas comenzaron a sacar cosas del domicilio».

Obregón expuso además que «la familia no abandonó la casa y tampoco la puso en alquiler; el centro de vida de los hijos está en Río Turbio pese a que hoy se encuentren en otra provincia por un tratamiento médico».

A raíz de la actuación del representante del IDUV, el titular de la casa radicó una denuncia en su contra por hurtos, daños, usurpación, violación de propiedad privada e incumplimiento de deberes de funcionario público, contra quienes tomaron intervención en este procedimiento. «Esperemos que en las próximas horas le devuelvan las llaves a mi cliente», remarcó el abogado.

Para finalizar, Obregón enfatizó «cualquier procedimiento administrativo o judicial, tiene que basarse en una resolución de la autoridad competente. Si alguna vez un vecino se encuentra en una situación similar lo primero que debe pedir es la resolución judicial que confiera la atribución para ingresar a la vivienda. Solo un juez puede ordenar un allanamiento, no una autoridad local, provincial o nacional”.