SOCIEDAD
Las prepagas acordaron con el Gobierno un congelamiento por 90 días

Lo anunció este sábado por la noche el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este sábado por la noche que las empresas de medicina prepaga mantendrán sin aumentos sus cuotas por 90 días en función de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y la cámara empresarial del sector
«Tal como anticipamos, la medicina prepaga de las familias con hasta 2 millones de pesos de ingresos, tendrán congelado el servicio de salud», señaló Massa a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Golpe al bolsillo
Luz, alimentos, TV e internet: los aumentos de septiembre tras la devaluación
El ministro posteó en su publicación un comunicado de la Unión Argentina de la Salud, en el que que se brinda precisiones sobre este acuerdo que permitirá a grupos familiares «con ingresos salariales mensuales menores a los dos millones de pesos y en la medida que declaren no poseer capacidad económica de hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice del costo de salud».
En ese sentido, la cámara confirmó que en acuerdo tiene vigencia desde septiembre y comunicó que los afiliados que desean acceder a este beneficio deberán declarar sus ingresos mediante un aplicativo que se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El domingo pasado, Massa anunció que la suspensión del aumento en el servicio de las prepagas es a los efectos de que «el esfuerzo que hacen trabajadores y el Estado venga acompañado por una atención de salud que no castigue las cuentas del trabajador».
De esta forma, los trabajadores o familias comprendidos en la medida no deberán abonar el incremento previsto para el mes de septiembre de 7,18% respecto al valor del Plan de Servicio Vigente al 31 de agosto de 2023, en base a lo informado por las empresas de medicina prepaga.
Lo mismo aplicará para los meses siguientes, durante el plazo de 90 días, en base al esquema de ajustes previsto en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación.
El anuncio forma parte de un paquete de medidas lanzado en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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