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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

La Secretaría de Comercio controlará online Precios Justos con softwares de Arsat y Amazon

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Desde el CCK se relanzará el programa agrupando los acuerdos firmados con 15 rubros distintos: 50 mil productos tendrán pauta de aumento de 3,2% mensual y canasta de dos mil comestibles congelados.

Mañana será relanzado Precios Justos con dos softwares para controlarlos desarrollados por Arsat y la empresa norteamericana Amazon.

“Los controles presenciales quedaron obsoletos” se jactaban en las oficinas de la Secretaría de Comercio al mostrar los programas, así como de la manera de monitorear la evolución de los precios a diario a un nivel tan micro que permite el seguimiento de un producto determinado en cada punto de venta.

Con estas herramientas, se apunta a no tener que ver más imágenes de afiliados de camioneros o agrupaciones sociales queriendo ingresar a supermercados a controlar precios.

El programa será anunciado a las 11.30 desde el CCK con la presencia de empresarios y gremios. Con la intención de homogenizar todos los acuerdos firmados entre noviembre y diciembre de 15 rubros distintos. Se relanza abracando hasta el momento, 49.832 productos de distintos sectores brindados por 482 empresas.

Los softwares controlarán tanto la evolución de precios dentro del acuerdo del 3,2% mensual como los 2.000 productos que estarán en las canastas congeladas.

El primer software seguirá la evolución diaria de más de 3,6 millones de precios. Entendiendo precio por el valor de un producto dado en una sucursal determinada de un local que participa de los acuerdos vigentes.

El software toma las bases de datos informadas a diario por todas las empresas al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y siguiendo su evolución diaria, el software alerta los grupos de precios que avanzan en cada mes más allá del 3,2% pautado.

De esta forma controlan el mismo precio de cada boca de expendio teniendo en cuenta que el mismo producto puede tener un precio distinto según zona geográfica o bandera (hiper, super, minimercado).

El sistema es en base al precio informado al 31 de enero y tiene en cuenta el aumento mensual y si un mes hubo un aumento inferior y en otro compensa, para que no avance más allá del promedio acordado.

La Secretaría de Comercio controlará online Precios Justos
Al estar geolocalizados por sucursal, producto y empresa proveedora, se pueden chequear y avanzar en el análisis posterior para comunicar a la empresa y que esta de las explicaciones del caso y retrotraiga los precios a lo acordado. También deja el registro para ver la reincidencia o si hay un patron determinado, lo que será pasible en tal caso de multas.

El segundo software apunta a la venta web. Con un modus operandi similar a la primera, el software recorre todas las paginas de venta web de las empresas que ingresan al acuerdo y saca una foto de la pantalla con los productos y precios publicados a diario. Con la misma lógica compara contra los precios anteriores y controla su evolución.

Ambos softwares, luego tienen un segundo paso que es el control humano con un equipo que monitorea y va validando las razones de las distorsiones y el pedido de explicaciones a las empresas.

Estos informes alimentaran la mesa de precios que a diario se reúne en la secretaria de comercio para controlar la evolución del programa y poner foco en los puntos de atención, analizar desvíos y avanzar con los planes de contingencia.

“El Estado no delega el control en nadie” indicaron efusivamente fuentes oficiales tras las imágenes del gremio de Camioneros ingresando a depósitos u organizaciones sociales en puertas de hipermercados. Si tiene acuerdos con 63 municipios que colaboran pero siempre desde el gobierno. “Ninguna organización o sindicato tiene potestad para entrar a ningun supermercado”, afirmaron.

Los controles de enero a la “vieja usanza” con presencia física, dejaron 320 actas por incumplimientos al programa luego de 2784 inspecciones de inspectores en establecimientos del AMBA. “Seguramente tendrán multas que se están determinando y calculando con los nuevos valores en base a la canasta básica”, indicaron las mismas fuentes, quienes manifestaron que aún no están cerradas por que están en la discusión con los descargos de las empresas.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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