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Sábado 07 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

La Rosada con una jugada de última hora para blindar el veto de Milei al Financiamiento Universitario

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El ministerio de Capital Humano comunicó anoche una actualización al piso salarial docente desde abril pero la oposición no tardó en denunciarla como una «reacción sobre el gong final» con la esperanza de blindar el veto presidencial. Los tuits del presidente intranquilo, el poroteo finito y la evaluación de Balcarce 50 desde donde creen que tienen los números pero admiten que «no sobra nada».
Melisa Molina

Por Melisa Molina

En Casa Rosada esperan ansiosos la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados donde se definirá la persistencia o no del veto que el presidente Javier Milei hizo contra la ley de financiamiento universitario, que busca una recomposición salarial para los docentes y no docentes. Según confían desde presidencia, después del acuerdo con el PRO –mediante conversaciones que el asesor Santiago Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos tuvieron con el presidente del PRO, Mauricio Macri– tendrían los números suficientes para blindar el veto. «Hay que ver ausentes, pero creemos que llegamos bien sin que sobre nada«, decían al cierre de esta edición desde Balcarce 50. A última hora del martes el gobierno anunció, mediante el ministerio de Capital Humano, que actualizará la garantía social docente del sistema universitario, con reatroactividad a abril. “Se va a asegurar un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios”, explicaron.

La respuesta desde el Congreso no tardó en llegar. El diputado Oscar Agost Carreño, del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, escribió en sus redes: «¡Qué ironía! Hasta ayer el Gobierno sostenía que la Ley de Financiamiento Universitario era ‘ilegal’ porque no decía de dónde salían los fondos. ¿Y ahora qué? De repente, todo es legal si lo resuelven por decreto. ¿El problema es la ley o quién la firma? Implementan un piso salarial docente con la esperanza de blindar el veto. Claramente, el tema no era el costo fiscal, sino quién manda. La presión de toda la sociedad los hizo reaccionar sobre el gong final, pero vamos a insistir con la ley para garantizar que los aumentos no sean discrecionales«.

En el comunicado que el lunes publicó el PRO, el partido amarillo dedicó una extensa parte a criticar el manejo de la cuestión universitaria que hace el gobierno y exigió: que se revea la situación en el Presupuesto 2025 y que se resuelva el conflicto vía paritarias este año. Luego del comunicado, hubo un encuentro entre los cuadros técnicos del gobierno y los gremios universitarios en el que no hubo acuerdo y, el gobierno, de prepo, decidió darles igual el aumento de 6,8 para el mes de octubre que les habían ofrecido con anterioridad y desde los sindicatos habían rechazado.

En este contexto, con los últimos anuncios que hicieron desde la cartera que conduce Pettovello acerca de que actualizará la garantía social docente del sistema universitario, la sesión de este miércoles será tensa y la disputa voto a voto. El gobierno, si la oposición logra juntar 160 votos para el rechazo, necesitará 80 «héroes» que vayan en contra de las universidades. Serán clave en ese punto las presencias y ausencias y las abstenciones.

En Rosada confían que solo habrá dos votos en contra de Milei por parte del PRO: el de Álvaro González y Héctor Baldassi. También una ausencia, la de Héctor Stefani. Después empiezan a hacer el poroteo y confían que tienen el respaldo necesario: 39 de LLA, 34 del PRO, dos del MID (Oscar Zago está de viaje), dos de la UCR «con peluca» –Ricardo Campero y Luis Picat y pueden sumarse otros dos más– y los tres del gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jado, que son del bloque Independencia.

También podría respaldar el veto una diputada que responde al gobernador de San Juan y suman en la lista a Paula Omodeo, del bloque Creo. Lilia Lemoine, que estaba de gira por Ucrania, ya volvió al país. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en tanto, adelantó su postura en contra del veto: «La educación es el único elemento de progreso. Me solidarizo y pido a todos que defiendan el presupuesto universitario. De las crisis se sale con más educación, no con menos educación«, dijo.

En la vigilia de la votación ya hay distintas facultades tomadas y este miércoles se espera que haya manifestaciones contra el veto fuera del palacio legislativo. El Congreso, en tanto, ya fue vallado la noche del martes. El Presidente, intranquilo, reposteó una fuerte amenaza. Compartió un tweet que decía: «marchas, paros, tomas… quieren derrocar al Presidente con más huevos de la historia. Están avisados, zurdos: después no lloren DDHH y lesa humanidad». 

Más allá de lo que ocurra en la sesión que este miércoles está convocada a las 11 de la mañana, cerca del Presidente no quieren dar el brazo a torcer y, sin importarles la voluntad del Congreso, adelantan: «Si finalmente no llegamos no importa, vamos a la Justicia». 

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había hablado sobre la posible judicialización como plan B en caso de no conseguir a los 87 «héroes», como cuando vetaron la ley de movilidad jubilatoria. El titular de Hacienda dijo que «Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique». Además, aclaró que el marco para debatir el financiamiento universitario es el presupuesto 2025. 

Desde la oposición, sin embargo, expresan que ese argumento no tiene sentido. La diputada Paula Oliveto, de la CC, argumentó: «Nunca vi que una ley diga: saco de esta partida para esta otra partida. No existe. Siempre se delega al Ejecutivo», pero además recordó que el Presidente tiene, por la Ley Bases, una delegación para hacer readecuaciones de partidas. «Invito a todos los que asumen como cierto el argumento de Caputo que miren la página de la asociación argentina de Presupuesto público donde van a poder observar cómo el Presidente y el ministro redefinen un montón de partidas sin pasar por el Congreso», dijo.

En el Presupuesto 2025, en tanto, hay designado para las universidades 3,8 billones de pesos, mientras que desde las casas de estudio dicen que es necesario que les asignen 7,2 billones solo para poder funcionar. Del total del PBI, en tanto, el gasto que estipuló el gobierno para el 2025 representa el 0,50, mientras que en 2024 representó el 0,53 y en el 2023 había sido del 0,72. Es decir, si el gobierno pretende que el problema se resuelva durante la discusión del Presupuesto, ya arrancó mal.

Sin embargo, primero lo primero: hay que ver qué ocurre hoy en la cámara Baja. El viernes de la semana pasada el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, se reunió con el asesor estrella del presidente y miembro del «triángulo de hierro», Santiago Caputo. Según trascendió desde el círculo íntimo de Milei, el Presidente recibió un mensaje de Macri para conversar sobre el tema universitario y decidió derivar el reclamo a Caputo para que él se ocupe del asunto. 

Macri ya venía diciendo a sus íntimos que estaba cansado de que Milei se junte con él a comer milanesas y que después no cumpla con sus pedidos. La lista de reclamos que el presidente del PRO le viene haciendo al gobierno es extensa y desde Casa Rosada vienen sin cumplir ninguno de sus deseos. Así y todo, el bloque amarillo fue acompañando todas y cada una de las medidas, leyes y vetos del gobierno y ahora, todo indica, también lo acompañarán a la Casa Rosada para perjudicar a las universidades. 


Avisos

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Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

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En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».

Por Pablo Dipierri

El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.

La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.

Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.

Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.

Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».

Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.

Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un reciente encuentro con jueces.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.

«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.  

«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.

El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas». 

Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.

Con información de la Política On-Line


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