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PROVINCIALES

La ley de Promoción a las Inversiones Petroleras contempla la producción convencional

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La norma está a la firma del presidente Alberto Fernández. Será girado, en los próximos días al Congreso nacional para su tratamiento. Establece un esquema de incentivo que estará vigente por los próximos 20 años. La intención es frenar el declino y lograr un incremental de producción en gas y petróleo.

El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas está listo y el Gobierno nacional lo mandará al Congreso en los próximos días. La iniciativa contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

La norma establece una diferenciación entre la producción convencional y la no convencional, algo reclamado por las provincias como Santa Cruz y Chubut.
Los incentivos reconocen no sólo aspectos cambiarios, sino también impositivos, tendientes a garantizar estabilidad fiscal, reclamada por el sector para tomar decisiones de inversión

El proyecto ya está en manos del presidente Alberto Fernández y la intención es que sirva como incentivo para las próximas décadas. «Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país», dijeron las fuentes al explicar que la futura norma «está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones».

La norma establece una diferenciación entre la producción convencional y la no convencional, algo reclamado por las provincias como Santa Cruz y Chubut.
Para ello «se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno», agregaron.

Régimen fiscal
La iniciativa busca generar «un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal». La misma atiende uno de los viejos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa,en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

De esta forma,el régimen de promoción tendrá una vigencia de 20 años y habrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprende a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de USD 6 millones en un plazo máximo de 3 años
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además,se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

Beneficiarios

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de USD 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de USD 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de USD 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad.

Se contemplan proyectos más chicos en cuencas con declino marcado

Otro punto a favor del convencional, es que se contemplan proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.


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Bloque de Diputados por Santa Cruz

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Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.

La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.

Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.


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