En medio de un escenario de extrema polarización, el Congreso se prepara para tres grandes debates legislativos, que comenzarán en los próximos días en Diputados y el Senado

Luego del cisma que se generó en el Frente de Todos al dividirse en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Congreso se prepara para retomar la actividad, con una agenda de trabajo que tiene en primer plano a la reforma del Consejo de la Magistratura, una nueva ley de Alquileres y el proyecto kirchnerista para que la deuda con el organismo financiero la paguen los evasores que tienen bienes no declarados en el extranjero.

El tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura ya está avanzado en el Senado y habrá sesión en la semana entrante: el apuro se debe a que la Corte Suprema fijó como fecha tope el próximo 14 de abril para la sanción en ambas cámaras de una nueva ley, tras declarar inconstitucional la que se encuentra vigente.

De no cumplir con el plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.

Luego de que cayera la sesión pautada para el martes pasado debido a que el oficialismo no había logrado asegurarse los votos para imponer su proyecto, el oficialismo decidió la vuelta a comisiones del dictamen para analizar cambios en el articulado. Fue la salida más elegante posible para evitar una derrota segura en el recinto.

En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el Frente de Todos pactó modificaciones con los legisladores aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, quienes supeditaban el acompañamiento a la incorporación de algunas de sus propuestas.

Con las modificaciones en el articulado, el Frente de Todos llegaría a los 37 votos necesarios para la media sanción. La propuesta de Weretilneck, aceptada por el Frente de Todos, mantiene los 17 miembros del proyecto oficialista pero eleva la representación del Interior del país en la composición del
Consejo.

Actualmente solo las senadoras Silvia Giacoppo (UCR) y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) son del Interior. El proyecto de Weretilneck plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro
pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el Senado también cobra impulso el proyecto impulsado por la vicepresidenta (y titular de la Cámara alta) Cristina Kirchner para gravar en dólares los bienes no declarados en el exterior, con el objetivo de formar un fideicomiso que sea utilizado íntegramente a la cancelación de la abultada deuda con el FMI.

En el kirchnerismo apuntan a empezar a tratar el tema el martes que viene en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Ese será el escenario de un debate que promete mucha controversia.

El proyecto de reforma de la ley de Alquileres comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición coinciden en que la norma vigente desde mediados de 2020 no logró los resultados esperados.

Luego de que Juntos por el Cambio presionara con el pedido de una sesión para derogar la ley actual, hubo acuerdo con el oficialismo con iniciar desde el próximo martes el tratamiento del proyecto, con giro único a la comisión de Legislación General, presidida por Cecilia Moreau. Se estableció además un plazo de 30 días hábiles para sacar los dictámenes y llevar el tema al recinto.

En principio, existe consenso en retrotraer la duración de los contratos de alquiler a dos años (actualmente la ley estipula tres años) y también derogar el artículo que estipuló un mecanismo de actualización anual de los valores.

Sin embargo, sectores del oficialismo pujan por introducir algunas modificaciones que son rechazadas de plano por Juntos por el Cambio, como por ejemplo la introducción de un impuesto a las viviendas ociosas que propuso en su proyecto el diputado nacional José Luis Gioja.

El sanjuanino también plantea la necesidad de que el Estado se convierta en un jugador de peso a través de la compra de viviendas que luego ofrecería en alquiler a valores por debajo del mercado.

Por fuera de esta agenda de proyectos que se llevarán toda la atención en las próximas semanas, hay otras iniciativas parlamentarias que podrían recibir luz verde.

En Diputados, el titular de ese cuerpo, Sergio Massa, busca desde diciembre pasado darle tratamiento a una batería de proyectos de índole económica como el régimen de promoción para la industria automotriz, ley de electromovilidad, Compre Argentina, fomento de la agro bioindustria y programa de incentivos a la construcción (que incluye un blanqueo de capitales para el sector). También una nueva ley de hidrocarburos.

En el kirchnerismo y en el Movimiento Evita también recuerdan que el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar una nueva ley de Humedales, iniciativa que perdió estado parlamentario al concluir el año parlamentario 2021