El organismo, que depende de la AFIP, modificó la normativa que regula este canal utilizado para ingresar mercadería al país por vía aérea.

La Aduana dispuso aumentar los controles sobre las importaciones realizadas a través de servicios de correo privado (courier), con el fin de evitar abusos en el uso de esta herramienta de comercio exterior. Así, el organismo modificó la normativa que regula este canal utilizado para ingresar mercadería al país por avión, de forma que se restringe la posibilidad de realizar maniobras fraudulentas.

La Resolución General 5190/2022, publicada en el Boletín Oficial, dispuso que el límite establecido para un mismo destinatario, fijado en US$3.000, 50 kilos y tres unidades iguales de la misma especie, regirá para cada vuelo.

Antes, el régimen de pequeños envíos personales sin fin comercial, establecía hasta cinco de estos pedidos por año, en tanto que para los que tienen fin comercial no regía máximo anual alguno. Ahora, la nueva norma «busca evitar conductas distorsivas identificadas por la Aduana respecto de ciertos importadores que violaban el espíritu del régimen», aclaró ese organismo, en un comunicado.

Además, explicó que las maniobras identificadas desnaturalizan la finalidad para la que fue creada esta herramienta, por lo cual realizó las denuncias correspondientes en aquellos casos donde se observó un accionar destinado a impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las facultades del servicio aduanero en el control del tránsito internacional de mercaderías.

En consecuencia, se perfeccionó la norma para evitar que los operadores dividan sus encargos en un mismo vuelo para que cada envío no supere los US$3.000 y de esta manera excedan el monto máximo establecido.

«Las modificaciones buscan mantener las buenas prácticas del comercio exterior y proteger a los operadores. El uso de servicios de courier fue creciendo en el último tiempo de la mano del aumento del comercio electrónico», resaltó la Aduana.

Y subrayó también que la experiencia recogida «ha permitido detectar conductas distorsivas que desnaturalizaron la finalidad del régimen, motivando la interposición de las correspondientes denuncias contra aquellos hechos que impidieron o dificultaron el adecuado ejercicio de las facultades del servicio aduanero en el control del tráfico internacional de mercaderías».