SOCIEDAD
Juntos por el Cambio se alinea con la Corte para resistir el pedido de juicio político en el Congreso

Tras una cumbre de la dirigencia de la coalición opositora, se acordó no dar quórum a las reuniones de comisión y tampoco al debate de cualquier proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos.
A la espera de la presentación formal del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que no darán quórum en las reuniones de la Comisión que tendrá que tratar el proyecto, pero que sí darán el debate. Además, desde el bloque Evolución Radical anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, bajo el argumento de que “no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso”.
Las autoridades de la principal fuerza opositora al gobierno se reunieron este martes y emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la “gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho”.
A la vez, advirtieron: “Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos”.
“Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten”, sumaron, y concluyeron con un mensaje de campaña: “Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023”.
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
Por otro lado, Rodrigo de Loredo, titular de la bancada de Evolución informó que “el adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial”.
Según analiza la oposición “no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado”. “No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados”, planteó.
Desde el oficialismo circula que este miércoles podría llevarse a cabo un encuentro entre los miembros de la comisión para comenzar a diagramar el esquema de trabajo en un plazo de 60 días cuando ingrese el proyecto, que todavía no está claro si será impulsado por el Ejecutivo o por los propios diputados del Frente de Todos. El objetivo es garantizar el apoyo al pedido de enjuiciamiento dentro de la Comisión, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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