La causa por la tragedia de 2014 fue elevada a juicio hace diez días; la semana pasada, los imputados denunciaron que el depósito había sido «vandalizado».

Por Santiago Brunetto

Otra vez fuego en el mismo lugar. El depósito de la empresa Iron Mountain incendiado en el año 2014, con diez víctimas fatales, volvió a prenderse fuego este lunes. Los vecinos y vecinas de Barracas comenzaron a sentir el olor del humo en horas del mediodía, y hasta allí se acercaron dotaciones de bomberos y de Defensa Civil que al cierre de esta edición todavía combatían las llamas en el edificio, donde se derrumbó una parte de una pared, aunque en esta ocasión no se registraban heridos. La causa que investiga el incendio de 2014, en el que se perdieron valiosos documentos empresariales, fue elevada a juicio hace sólo diez días con 18 imputados, directivos de la empresa y funcionarios porteños. El abogado de las familias de los fallecidos dijo a este diario que la semana pasada los imputados de Iron Mountain denunciaron que el depósito había sido «vandalizado».

Las primeras imágenes recordaron a la mañana trágica del 5 de febrero de 2014. La misma manzana, las mismas calles, el mismo depósito. Alrededor de las 14 de este lunes los camiones de bomberos y patrulleros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a llegar al cruce de Azara y Benito Quinquela Martín, barrio de Barracas. También arribó personal de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad. «Una dotación se encuentra atacando el incendio desde la intersección de Benito Quinquela Martín y Azara, y otra desde la intersección de Gaspar Melchor Jovellanos y Quinquela Martín», informaron por la tarde desde el Ministerio de Seguridad porteño, y agregaron que «el fuego incursiona por el techo y la montante del depósito, en una extensión de 60 por 20 metros en forma irregular«.

Las llamas llegaban a superar los 15 metros de altura, tomando parte de la estructura del techo del lugar. Así lo indicaron las mismas fuentes, que añadieron que, con el uso de drones, se pudo establecer que la parte media y la parte frontal del techo habían «cedido parcialmente«. Por todo esto los bomberos estimaron por la tarde que en el depósito había «peligro de derrumbe» y el personal se retiró para combatir el fuego desde puntos externos. También vecinos y vecinas de las casas aledañas fueron evacuados. Cerca de las 18, en tanto, una parte de una de las paredes del depósito terminó por derrumbarse hacia Quinquela Martín. Los restos cayeron en la calle, sobre tres autos que se encontraban estacionados, en una zona perimetrada por la Policía.

Momentos después, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en rueda de prensa que en el lugar no había ningún herido y que la caída de esa parte del muro ocurrió en un área que «estaba controlada«. Crescenti sostuvo a esa hora que dentro del depósito aún había «mucha carga de fuego» y «mucha destrucción interior». Hacia ese momento de la tarde los bomberos todavía no habían logrado ingresar al lugar ya que que todavía había riesgo de derrumbe en el resto del edificio. Los peritos podrán analizar las causas del inicio del incendio recién cuando las llamas estén apagadas.

«Casualidad»

«La semana pasada presentaron un escrito ante el tribunal diciendo que habían encontrado vandalizado el inmueble», dijo a Página 12 Javier Moral, abogado de las familias de los diez fallecidos en el incendio de 2014. El abogado se mostró asombrado por la «casualidad» de esa presentación. En el documento, al que accedió este diario, la defensa de dos de los procesados de Iron Mountain denuncia ante el tribunal que lleva la causa que la empresa encargada de realizar tareas de desratización del depósito de Azara 1245 verificó «que el mismo se encontraba vandalizado«. Por esta razón, reclamaron «las medidas pertinentes a determinar lo sucedido, sus responsables, así como los daños y faltantes«. A su vez adjuntaron fotografías en las que se ve una oficina con escritorios y computadoras rotas y arrojadas al piso, y cajas de archivo desparramadas.

Hace sólo diez días, a nueve años de la tragedia, la jueza Fabiana Palmaghini elevó a juicio oral y público la causa por el incendio de 2014, con 18 imputados: los funcionarios porteños Rafael Roldán, Pedro Chapar, Luis Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers, Gastón Laugle, Esther Moroni, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo, Jorge Papanicolau, Norberto Ventura Sosa y Vanesa Berkowski, quien ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara. De Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, y el vigilador Oscar Godoy.

La investigación judicial hasta el momento sostiene que hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. La querella, por su parte, asegura que el incendio fue intencional. Denuncian, entre otras cosas, que el empleado de seguridad apagó en nueve ocasiones el sistema de alarma que funciona para alerta temprana de incendios. Aseguran que hasta el momento del hecho, Iron Mountain –multinacional de capitales estadounidenses dedicada a la administración de valiosa y delicada documentación empresarial– llevaba siete incendios en sus depósitos a nivel mundial, que en cinco ocasiones fueron declarados intencionales.

En el caso de 2014, la propagación del fuego en el depósito provocó que la estructura metálica que sostenía el techo cediera por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos. Los fallecidos fueron ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil.