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Domingo 08 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

Hubo reunión por la causa de contrabando, lavado de activos y trata de personas en el sur de Santa Cruz y Chile

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Allí abordaron el estado de las causas judiciales abiertas a ambos lados de la cordillera sobre la organización desbaratada a fines de agosto pasado en allanamientos realizados en los dos países, fijaron pautas para el intercambio de la prueba obtenida y diseñaron las próximas estrategias de intervención.

Magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de Chile se reunieron ayer en la ciudad de Punta Arenas, en el sur del vecino país, en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado para intervenir en los procesos abiertos a ambos lados de la frontera por conductas delictivas cometidas en una amplia zona de la Patagonia, que incluyen el accionar de una organización ilícita transnacional dedicada al contrabando, al lavado de activos y a la trata de personas y/o tráfico migratorio.

En el encuentro abordaron el estado de las investigaciones llevadas a cabo tanto en la Argentina como en Chile y también las acciones emprendidas a la fecha y las que restan por realizar.

A su vez, fijaron pautas para el intercambio de la prueba obtenida y estrategias de investigación en ambas causas, que resulten de utilidad para su avance, al tiempo que acordaron líneas de acción a seguir, que incluyen la prórroga del ECI.

Por el Ministerio Publico Fiscal de la Nación, participaron el fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Julio Zárate, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y la auxiliar fiscal de esta oficina especializada Mariela Palese.

En tanto, por el país anfitrión estuvieron presentes el fiscal regional Cristián Crisosto; el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson; el fiscal de Drogas y Crimen organizado, Manuel Soto; la directora ejecutiva regional, Camila Fernández; y las abogadas asesoras de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la Fiscalía Regional, Amanda Hurtado y Lorena Pereira.

También participaron, a través de la plataforma Zoom, el director de la fiscalía nacional UCIEX de Santiago de Chile, Juan Pablo Glasinovic, y la abogada Monserrat Ramírez. Por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile estuvieron presentes el subprefecto y jefe de la Brigada Antinarcóticos (BRIANCO), Patricio Flores, el subprefecto Rodrigo Arco y el subcomisario Alejandro Montiel.

El caso

De acuerdo con las investigaciones que se hicieron públicas a partir de los procedimientos desarrollados en ambos países a fines de agosto pasado, la organización ilícita transnacional tendría como principal cometido el contrabando de cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero y estupefacientes, y el lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto fue ampliado a la investigación de trata de personas y/o tráfico migratorio.

La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y con cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, como empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. Al respecto, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas de las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos.

Con las ganancias ilícitas de estas operaciones los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.(Nuevo Dia)


Avisos

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Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

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En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».

Por Pablo Dipierri

El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.

La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.

Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.

Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.

Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».

Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.

Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un reciente encuentro con jueces.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.

«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.  

«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.

El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas». 

Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.

Con información de la Política On-Line


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