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Santa Cruz: hubo derrame de petróleo en el territorio de la Comunidad Camusu Aike

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Integrantes de la Comunidad Camusu Aike, denunciaron un grave derramamiento de petróleo en su territorio. Acusan a la empresa CGC como responsable del daño ambiental y el intento de ocultarlo permanentemente, violando los espacios y derechos de la comunidad tehuelche que vive allí.

CGC (Compañía General de Combustibles), es una de las empresas petroleras más importantes del país y pertenece a la familia Eurnekian. A mediados del año pasado compró a la petrolera china Sinopec. Tiene una producción de 50 mil barriles de petróleo diarios y tiene presencia en Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

La Comunidad Camusu Aike, se encuentra cercana el paraje La Esperanza y allí viven entre treinta y cuarenta familias tehuelches, son alrededor de cien personas que habitan de manera permanente. Otra parte de la comunidad emigró a Río Gallegos, por busca de trabajo, estudio y mejores condiciones de vida. Quienes se quedaron suelen sufrir el atropello de empresas contratistas de CGC y tienen sus campamentos de explotación en sus territorios ancestrales. Tampoco fue consultada previamente, para extraer petróleo en su territorio. Dicha comunidad tiene sus autoridades como la señora Miriam López, Herminia Lis, Elizabeth Mac Coll y Myrta Pocón como representante de tres comunidades tehuelches en el Consejo de Participación Indígena por el pueblo tehuelche en Santa Cruz y su abogado es el señor Matías Schraer.

Myrta Pocón, fue quién hizo la denuncia pública del derrame de petróleo en una laguna natural del territorio de su comunidad. 

“Esto pasó en el territorio de Camusu Aike, que queda a 180 kilómetros de Río Gallegos, a 25 kilómetros del paraje La Esperanza y por la zona de Boleadoras. Afectó a unos 200 o 300 metros y una laguna natural, donde van los caballos, guanacos y otros animalitos que se acercan a beber agua. Ocurrió el domingo 15 de mayo pasado, lo descubrió una sobrina mía que sale a recorrer el campo, para buscar sus caballos y notó que había movimientos extraños de las petroleras, ya que los domingos no suelen trabajar.

Habían topadoras, retroexcavadoras, camiones y camionetas con ingenieros, todos trabajando allí para chupar el petróleo que estaba en la laguna y seguramente tenían la intención de tapar con tierra encima.

Como todos estos años, en Camusu Aike nosotros veíamos tremendas montañas de tierra y no supimos porqué aparecían. Ahora entendemos las causas, y es por los manchones de petróleo son tapados con tierra. Por suerte, esta vez los descubrimos.

En Camusu Aike, siempre hicieron lo que quisieron y el gobierno o las empresas decían que no podíamos reclamar porque no teníamos los documentos de nuestras tierras. Hoy sí contamos con personería jurídica, con los títulos comunitarios y hacemos esta denuncia pública, para que se terminen los atropellos a nosotros y a los pueblos originarios. Quizás, estas empresas no se enteran que están operando en territorios que tienen leyes específicas y derechos.

Desde CGC, lo primero que nos ofrecieron, fue dinero para indemnizar a la comunidad y pagar un alquiler por el espacio que afectaron. Nosotros decimos que no queremos dinero. Hace varios años que estamos luchando para tener gas natural, viviendas y por agua corriente. Es algo tan urgente, que cualquier comunidad necesita, pero las empresas petroleras están en contacto con los gobiernos y no nos ayudan en nada e incluso nos ignoran.

Fue grave lo que pasó, lo intentaron esconder y a nosotros como comunidad de pueblos originarios nos viven chicaneando, pisoteando y pasando por encima. Las empresas petroleras hacen este tipo de cosas en el campo y nadie se hace cargo”.

Santa Cruz: hubo derrame de petróleo en el territorio de la Comunidad Camusu Aike
Por: Ernesto Zippo

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Ya hay fechas para el paro y la marcha universitaria

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Será paro el 26 de septiembre y una movilización al Congreso para el 2 de octubre. La dirección elegida no es casualidad: el Parlamento podría rechazar el veto de Milei de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocará a un paro total el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, contra el veto presidencial que prometió Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra. La fecha de ambas acciones aún no fue oficializada pero ya fue deslizada en varios medios de comunicación.

El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia investigación y extensión en las universidades.

Pese a que el impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI, el presidente Javier Milei amenaza con vetarla. 

Por si fuera poco, en el cálculo presupuestario que presentó el mandatario ante el Congreso, se definió que el Gobierno de La Libertad Avanza destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. «Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”, reflexionó Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología.

«Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios», dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Según Moriñigo, «no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%«.

El lunes pasado, ante el escenario oscuro que ofrece el Gobierno, las federaciones se reunieron y definieron que el martes 24 de septiembre, tras una reunión del CIN, se anunciarán las medidas a tomar, entre ellas una nueva marcha para octubre, «salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar», lamentó Moriñigo. 

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical Emiliano Yacobitti, en tanto, aseguró que su objetivo no es plantear que «si hay veto hay marcha» sino tratar de que no se anule el financiamiento universitario ya que se traduciría en «tener una peor educación superior». 

«Tenemos que tratar de que no haya veto. Si hay veto va a continuar la pérdida de calidad día tras día en todas las universidades. Por ahí no es algo que se note hoy pero es algo que a muy corto plazo lo vas a notar», señaló Yacobitti en diálogo con La Nación+.


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