PROVINCIALES
Grave denuncia del Gobierno de Santa Cruz contra ex funcionarios de IDUV y municipio de Río Gallegos
El asesor legal del Ministerio de Gobierno, doctor Giorgio Benini, protagoniza un video en el que señala que antiguos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y también de la Municipalidad de Río Gallegos, se adjudicaron terrenos fiscales en barrio «El Faro» donde construyeron sus casas, «sin pagar ni presentar documentos de adjudicación.»
El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Giorgio Benini, junto al Presidente del IDUV, Cristian Mansilla, llevaron a cabo una inspección en el Barrio «El Faro» «donde ex funcionarios del IDUV están edificando sus viviendas en terrenos pertenecientes al Estado» según denuncia.
Giorgio Benini expresó: «Actuales funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos, y ex jefes del IDUV, adquirieron terrenos fiscales en el barrio El Faro para construir sus casas y mansiones. No realizaron ningún pago y no presentaron la documentación necesaria para ser beneficiados con la adjudicación».
El contraste que establece el abogado respecto de la situación habitacional que aqueja a tantos vecinos de la provincia, muchos con largo tiempo de espera por sus adjudicaciones, ante lo cual, Benini resaltó: «Mientras que cualquier ciudadano común y corriente debe esperar años para obtener la adjudicación de un terreno en la periferia, sin servicios básicos, algunos funcionarios municipales y sus allegados consiguen terrenos privilegiados, con todos los servicios, sin desembolsar ni un solo peso», denunció.
En un video que acompaña la denuncia, muestran algunos de los terrenos y viviendas que en ellos se encuentran, tanto construidas, como también otras en proceso. (Diario Nuevo Día)
PROVINCIALES
Se aprobó la adhesión al RIGI en Santa Cruz
Con 13 votos afirmativos y 9 negativos, la Cámara de Diputados de Santa Cruz adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto, que busca fomentar inversiones de gran escala en la provincia mediante beneficios fiscales y regulatorios, fue defendido por los bloques oficialistas como una herramienta clave para el desarrollo económico. Sin embargo, los sectores opositores lo calificaron como una «entrega de recursos» y alertaron sobre los posibles impactos negativos en las pequeñas y medianas empresas locales, así como en los derechos laborales.
Durante la sesión, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Legislatura en rechazo al proyecto, argumentando que atenta contra la soberanía provincial y los recursos naturales.
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