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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

Germán Martínez confirmó que la comisión de juicio político a la Corte Suprema se activa la próxima semana

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El jefe del bloque de diputados oficialistas aseguró también que reunirá a los presidentes de las comisiones para dar inicio a las sesiones extraordinarias de enero y febrero.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, confirmó este jueves la puesta en funcionamiento la semana que viene de la Comisión de Juicio Político para analizar los doce expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación.

En diálogo con Diputados TV, anunció que “después de tener habilitada el periodo de sesiones extraordinaria, estamos ajustando todos los detalles para poder hacer la convocatoria formal de la Comisión”. Además, anticipó que el miércoles se reunirá con los presidentes de las comisiones que tienen que dictaminar proyectos para avanzar en las sesiones extraordinarias que pidió el presidente Alberto Fernández del 23 de enero al 28 de febrero.

Por otro lado, afirmó que el oficialismo trabaja para convocar a la primera reunión el 26/1, pero descartó que ese mismo día se avance con la “admisibilidad” del proceso. En la primera jornada solo pondrán a consideración los expedientes y expondrán los autores y plantear los próximos pasos.

“Luego nos abocaremos a trabajar en el informe que es una resolución interna de la Comisión así se abre la etapa ‘probatoria’ donde se convoca testigos, genera pruebas que termina con un dictamen que requiere la mayoría simple”, precisó.

Las razones del juicio político

Las denuncias apuntan al «ataque» del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossati, y los otros jueces integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- contra el sistema federal. Se los acusa de mal desempeño en numerosos fallos y hechos.

La comisión está presidida por la diputada de Entre Ríos Carolina Gaillard y también está integrada por el propio Martínez, Marcos Cleri, Ricardo Daives, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.

El titular del Frente de Todos confirmó también que hará un cambio en la Comisión para garantizar la mayoría. Sale la massista Vanesa Massetani -por un asunto familiar- y entra Ricardo Herrera, hombre del gobernador riojano Ricardo Quintela.

“No voy a resignar la agenda de extraordinarias, si todo va bien probablemente el miércoles vamos convocar a los presidentes de todas las comisiones que intervienen en todos los temas de las extraordinarias y en los casos que no presidamos, vamos a convocar a los vicepresidentes”, adelantó el jefe del FdT.

En cuanto a la oposición, se sentarán a dar el debate en comisión, pero insisten  al oficialismo en quitar el tema en medio del pedido de sesiones extraordinarias. Juntos por el Cambio cuenta con 14 representantes, mientras que el interbloque Federal con  Alejandro “Topo” Rodríguez , presidente del espacio.

Desde lo técnico, la figura de juicio político se establece en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece en referencia a la Cámara de Diputados: “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al  jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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