Desde la cámara que nuclea a 17 Pymes aseguran que no pueden sostener más los precios de las garrafas porque están trabajando a pérdida.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que hace siete meses que no reciben el pago de la Asistencia Económica Transitoria a los fraccionadores de GLP (Gas Licuado del Petróleo) y aseguran que no pueden sostener los precios de las garrafas.

El monto adeudado por el Ejecutivo asciende a más de $5.400 millones y desde CEGLA indicaron que «a esto se suma que el beneficio caducó en diciembre pasado y no se prorrogó, mientras que los precios máximos de referencia fijados por la Secretaría de Energía están por debajo del costo de operación».

El presidente de la Cámara que nuclea a 17 fraccionadores pymes, representando al 70% del mercado nacional, Pedro Cascales se refirió a la gravedad de la situación señalando que «estamos trabajando a pérdida» y advirtiendo que “sin la asistencia y con precios de referencia por debajo de los costos de operación, es imposible invertir, producir y distribuir los productos”.

Ante la proximidad a la temporada invernal, el complejo panorama desespera a los productores de garrafas, que abastecen a casi el 40% de la población, que las utiliza, principalmente, para calefaccionarse y cocinar.

La Ley 26.020 establece que los precios de referencia se deben actualizar periódicamente, garantizando una “razonable rentabilidad”, a fin de que se puedan realizar las inversiones necesarias. Por eso, según los cálculos del sector, el precio de las garrafas debería duplicarse.

Para evitar esto, la Secretaría de Energía dispuso una Asistencia Económica Transitoria (AET) para el sector, pero el Estado les debe siete meses, acumulando una deuda de $5400 millones. El subsidio caducó en diciembre y no se prorrogó, mientras que los Precios Máximos de Referencia no alcanzan para cubrir los costos.

Según la última Resolución, por una Garrafa de 10 kg se fijó para el Fraccionador $667, para el Distribuidor $1.171 y $1.229 para la venta al público.

Si se tiene en cuenta que la estructura de inversión de cada garrafa involucra, por ejemplo, para las zonas más alejadas, un 23% de gastos de transporte, 21% de mano de obra, 18% producción, 4% impuestos y 34% GLP, «las cuentas no cierran», explicó Cascales.