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Festival de ascensos y salariazo en la Casa Rosada

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Las Secretarías General de la Presidencia, Legal y Técnica y Prensa pasaron a tener rango de Ministerio. Adorni ya había sido premiado y el directorio de YPF también quiere aumentos.

En la Casa Rosada, «la casta» está de fiesta. Mientras se ejecuta «el mayor ajuste de la historia» argentina, Javier Milei sigue premiando a sus funcionarios más cercanos. A pesar del sonado mantra «No hay plata», en los últimos días el Gobierno inauguró un festival de ascensos. Ayer, le dio rango y jerarquía de ministros al secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; a la secretaria General de la presidencia, Karina Milei; y al secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo. Se sumaron, así, a la designación del vocero Manuel Adorni como Secretario de Estado. En la práctica, los funcionarios mantienen sus mismas responsabilidades. Lo único que cambia son los aumentos salariales encubiertos que reciben, pero les da pudor admitir. El directorio de YPF, del que forma parte el Jefe de Gabinete Nicolas Posse, también avanza en un salariazo para sus integrantes.

Los ascensos de Karina Milei, Serenellini y Herrera Bravo fueron oficializados a través del DNU 337/2024. Para poder hacer estos cambios de jerarquías, el Presidente tuvo que modificar la Ley de Ministerios. La medida que más sorprendió fue la que involucra al Secretario de medios, que había perdido esa categoría la semana pasada por otro decreto presidencial. Al justificar la decisión, que tendrá impacto económico por el consecuente aumento de sueldo que recibirá Serenellini, el jefe de Estado subrayó que «la medida propuesta resulta impostergable para la gestión del Gobierno.

El premio al experiodista se dio al día siguiente de que Adorni fuera ascendido con la jerarquización como secretario de Estado, lo que le valió un aumento salarial y una catarata de cuestionamiento por ser la voz oficial que, a diario, justifica las políticas de ajuste en la Casa Rosada. El incremento de sueldo del vocero, incluso, fue el argumento que utilizaron muchos senadores para exigir lo propio. «Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente», lanzó con sorna el radical Martín Lousteau. «No está bien que ganemos la mitad de lo que gana el vocero», sumó la mendocina Mariana Juri.

Los gastos de Karina

El DNU publicado ayer estableció que «las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y Prensa, dependientes de la Presidencia, tendrán rango y jerarquía de Ministro”. De esa forma, también Karina Milei y Javier Herrera Bravo, la persona encargada de cuidarle la firma al Presidente, fueron equiparados a ministros y gozarán de una escala salarial más elevada.

La hermana del mandatario ya había recibido otro premio esta semana. El martes, a través de la decisión administrativa 207/2024, obtuvo una suba del 120 por ciento para los gastos discrecionales del presupuesto que administra. «¿Para qué va a usar la resignación de 35.000 URS (Unidades Retributivas) Adicionales que al valor de hoy ascienden a 22.214.500 pesos por mes?», se preguntó la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. «La hermana del presidente ahora tiene más de 22 millones de pesos extra (de los que ya tenía) para pagar sobresueldos», remató en sus redes sociales.

Otra polémica, que va en el mismo sentido, involucra a YPF. La próxima Asamblea del directorio de la empresa petrolera –a realizarse el 26 de abril– tendrá sobre la mesa un tema central para sus integrantes: se debatirá una actualización exponencial de los salarios, que los fijará en hasta 70 millones de pesos (ver aparte). Un dato no menor es que ese directorio está integrado, nada más y nada menos, que por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su vice, José Rolandi.

A contramano

Todas estas decisiones, se dan a contramano de la premisa libertaria que plantea que «No hay plata». La afirmación, que se repite hasta el cansancio, se aplica de modo selectivo: no hay plata para las universidades públicas —que se encuentran al borde de la paralización por falta de presupuesto, por lo que la comunidad educativa llamó a marchar el 23 de abril contra los recortes—; no hay plata para los jubilados —que en mayo cobrarán un haber mínimo de 190.141 pesos—; tampoco para obras públicas, que desde que fueron suspendidas, al inicio de la gestión, provocaron la pérdida de 80 mil puestos de trabajo. La lista de los «no hay plata» es tan extensa como diversa y se completa con áreas como Ciencia, Cultura, Salud, Educación, Comedores y contención social, entre muchas otras.

Sí hay plata para ascensos de funcionarios. También hay fondos para comprar aviones F-16 y para los senadores, que este jueves se aprobaron un jugoso aumento de sus dietas: del 165 por ciento. Así, recibirán un sueldo superior a los 4,5 millones de pesos, cifra que —según el caso— podría elevarse a unos dos millones más, por desarraigo y gastos de representación. Por si fuera poco, ayer se conoció que en la resolución aprobada se incluyó un aguinaldo que hasta ahora no percibían.

Todas las miradas están puestas ahora en la Cámara baja, donde los diputados presionan a su titular, Martín Menem, para que se avance en el mismo sentido que el Senado. La dieta de abril rondó entre 1,4 y 1,9 millones de pesos, muy lejos de los más de 4 millones que cobrarán los senadores. En este contexto, será muy difícil contener los reclamos en medio del debate por la ley ómnibus. Los legisladores del interior, indican que les resulta muy costoso trasladarse a Buenos Aires y advierten que, por lo tanto, tendrán que recortar sus viajes.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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