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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Estafas: aumentaron las denuncias de jubilados por débitos no autorizados en sus cuentas bancarias

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Son montos menores a 600 pesos, pero los titulares de las cajas de ahorro los desconocen. Las quejas apuntan a una empresa que hace gestiones de cobros para terceros. La Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia ya investiga el tema.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio puso bajo la lupa cientos de denuncias de jubilados que habrían sido estafados mediante débitos automáticos no autorizados por montos menores a $600, a nombre de la empresa de cobranzas EPICO S.A.

Se detectaron más de 300 denuncias online, en su mayoría de los últimos días, aunque algunas se remontaban hasta un año atrás.

Las denuncias fueron realizadas por jubilados que notaron esos débitos en sus cajas de ahorro, además de que el tema tuvo especial repercusión en el sitio de reclamos (no oficial) Defensadelconsumidor.com.ar.

Los descuentos se hacen por sumas menores, pero afectan a muchas personas, para poder seguir haciéndolo de modo sistemático sin que el descuento indebido sea detectado.

Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), al mando de Horacio Azzolin, confirmó que estaban investigando los débitos no autorizados y que durante esta semana habían compilado varios casos.

Si bien la empresa EPICO S.A. desligó su responsabilidad, se pudo confirmar que el tema está bajo investigación, de acuerdo a lo informado por una entidad bancaria con sede porteña, que hasta el martes había recibido alrededor de 40 reclamos de sus clientes.

Según explicaron desde la entidad bancaria, «la operatoria de la empresa es totalmente legal, ya que ejecutan débitos para otras empresas. Pero, ante los reclamos de alrededor de 40 clientes, se devolvió el dinero -como la normativa indica- y hasta aclarar qué ocurre, si es una estafa o un error, se bloquearon los débitos de la empresa, preventivamente».

Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguraron que el organismo no sufrió ninguna vulneración informática que podría significar la filtración de los datos bancarios de jubilados y rápidamente señalaron que no tienen responsabilidad en los descuentos realizados por EPICO, aunque admitieron estar haciendo un relevamiento de casos.

Asimismo, desde la ANSES descartaron las potenciales estafas con el reciente hackeo que sufrió el PAMI, donde a principios de agosto se vulneraron los datos de salud de hasta 5 millones de afiliados. La justificación es que la mayor obra social del país no contaba con bases de datos relativas a la bancarización de los adultos mayores.

La respuesta de EPICO S.A.
Desde EPICO S.A, empresa nacida en 2013 que ofrece servicios de “recaudación inteligente de cobranzas recurrentes», se desligaron de la situación. Sin embargo, reconocieron la existencia de un problema y aseguraron haber tomado cartas en el asunto.

La compañía afirmó realizar cobranzas para terceros, como un intermediario, y detallaron la empresa a la que prestan servicios: Adsus Almoño G y asociados SA. Esta compañía “formalmente nos ha encomendado la gestión de cobro de diversos créditos”, apuntan.

Asimismo, confirmaron que en estos dos últimos días recibieron «una importante cantidad de denuncias” en las páginas web www.defensadelconsumidor.com.ar y www.tuquejasuma.com “por usuarios que desconocen los débitos realizados”.

Luego explicaron que “dentro del universo de las cobranzas gestionadas y realizadas por cuenta y orden de Adsus, hay una parte de cobranzas gestionadas cuya titularidad ostentan otras empresas y/o entidades: Atrium S.R.L., Capital Service y Mutual Maria Eva, todas clientes de Adsus y no de EPICO”.

Por último, EPICO aseguró haber informado de manera inmediata a su cliente sobre la situación ocurrida y le solicitó todos los documentos que avalen la operatoria y el crédito reclamado.

Adsus es una empresa radicada en Capital Federal que, según dice en su web, se dedica a gestionar los cobros de sus clientes. Las otras compañías que apunta EPICO serían clientes de Adsus. Por un lado, Atrium SRL, prestamista de Neuquén; además, Capital Service, que en la página CUIT Online figura como sociedad de bolsa; y, finalmente, Mutual María Eva, que opera servicios turísticos, asistencia médica y asesoramiento financiero en varias provincias.

Qué hacer ante una estafa bancaria
Los damnificados por débitos no autorizados pueden denunciar sus casos a la Defensoría del Pueblo, la dirección de Defensa del Consumidor o a la fiscalía zonal.

Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda que en caso de detectar “un débito en cuenta no convenido o pactado” se puede pedir la reversión (esto es, la devolución) y reclamar “ante la empresa que originó tal débito”.

“Si la empresa no responde a tu reclamo vas a poder presentarlo ante el Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que lo derivará al organismo local correspondiente para su tratamiento. Recordá que podés solicitar la baja definitiva del débito indistintamente ante la entidad financiera o la empresa receptora de los fondos”, explica la web del Central.

Ante una estafa bancaria o realizada a través de los bancos y cuando una persona desconoce la causa de un débito, puede recurrir a los siguientes correos electrónicos de cada entidad, y ésta tiene 10 días hábiles para responder. Si el reclamo no es resuelto, el afectado puede recurrir al Banco Central.

En la dirección de defensa del consumidor señalaron que este tipo de problemas se agravaron mucho en los últimos diez años, debido a la facilidad con que se puede acceder a bases de datos de, por ejemplo, préstamos personales, para los cuales no hay muchos controles de documentación. “Lo único que se necesita son datos mínimos de la cuenta bancaria, que se pueden obtener a partir de la contratación de cualquier servicio”, indicaron.


PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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