PROVINCIALES
Escasez de productos y problemas de abastecimiento en supermercados de Río Gallegos

La carestía afecta a diversos rubros y se atribuye a problemas de abastecimiento. Programa gubernamental busca establecer precios asequibles en más de 100 productos de consumo habitual, pero la falta de suministros y cumplimiento deficiente de tiendas generan inconvenientes. Empresas incumplidoras pueden ser sancionadas. Se insta a la denuncia a través de una app móvil.
Durante esta semana, los principales comercios en el centro de Río Gallegos han vuelto a enfrentar problemas de abastecimiento, resultando en estantes vacíos y una falta evidente de productos. Esta situación ha afectado especialmente a los artículos adheridos a la iniciativa de «Precios Justos», que destaca entre las líneas más afectadas por esta escasez.
Como ya se había advertido en semanas anteriores, los supermercados de Río Gallegos han experimentado nuevamente la preocupante tendencia de estantes vacíos, justo antes del fin de semana. Mediante investigaciones realizadas, hemos confirmado la ausencia de varios productos de alta demanda, especialmente aquellos que forman parte del programa gubernamental nacional «Precios Justos». Aunque estos productos no son exclusivos de dicho programa, la carestía se ha extendido a múltiples categorías en los establecimientos comerciales.
En la provincia de Santa Cruz, un amplio catálogo de productos ha sido incorporado a esta iniciativa, abarcando desde aceites y aguas tónicas hasta alcohol en gel, alimentos no perecederos, azúcar, utensilios de cocina e insumos para el hogar.
Durante una visita a diversas tiendas, hemos constatado personalmente la ausencia de varios de estos productos.
En el pasado, debido a la afluencia de personas que viajaban a Río Gallegos para aprovechar un favorable tipo de cambio, también se había registrado una falta de suministros en algunas categorías.
Adicionalmente, se suma a esta problemática una considerable cantidad de productos incluidos en la categoría de «Precios Justos barriales».
Este programa es el resultado de un acuerdo voluntario entre el Gobierno Nacional, supermercados mayoristas, distribuidores y empresas de bienes de consumo.
Este acuerdo establece los precios sugeridos para más de 100 productos que son consumidos habitualmente, permitiendo así que almacenes y autoservicios ofrezcan a sus clientes productos a precios más accesibles.
Las empresas participantes en el Programa Precios Justos deben exhibir un aviso en la entrada de cada local que indique su adhesión al programa.
Además, deben incorporar información relacionada con «Precios Justos» en sus folletos, sitios web, plataformas digitales y cualquier otro material promocional.
Cabe destacar que las empresas que forman parte de este programa pueden ser sancionadas en caso de
No ofrecer al menos el 80% de los productos del programa en cada local y no proporcionar productos alternativos.
No identificar correctamente al menos el 80% de los productos pertenecientes al programa.
Establecer restricciones en la cantidad de productos vendidos por cliente o grupo familiar sin autorización de la Secretaría de Comercio.
No brindar información cuando se les solicita respecto al programa.
En caso de detectar incumplimientos del Programa Precios Justos, se ofrece una aplicación móvil para celulares mediante la cual los usuarios pueden realizar denuncias.
Con información de Tiempo Sur
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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