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Lunes 30 de Junio del 2025

PROVINCIALES

Entró en vigencia la Ley de Emergencia Alimentaria y Administrativa en Santa Cruz

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A través de la misma, se establece un circuito administrativo especial para compras urgentes y contratos referidos a educación, salud y desarrollo social.

En los primeros días del mes de mayo se llevó adelante, en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el tratamiento de la Ley N°3850 de Emergencia Alimentaria y Administrativa en la provincia la cual fue finalmente aprobada luego de que el Ejecutivo encontrara un acuerdo para su aprobación. A través de la misma, los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social como así también el Consejo Provincial de Educación podrán sortear procesos administrativos para la obtención de recursos urgentes como así también para contrataciones.

Tras esto el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó su legislación por lo que la normativa entra en vigencia con el seguimiento de una comisión generada en la Cámara de Diputados.

En qué consiste

La reglamentación establece una serie de pautas administrativas a través de las cuales se establece que los procedimientos administrativos regidos por la misma se iniciarán con un expediente del registro del Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Salud y Ambiente y/o el Ministerio de Desarrollo Social -según corresponda- que deberán llevar la carátula “TRÁMITE URGENTE LEY N°3850” para que, de esta forma, tengan prioridad sobre otros trámites que se estén llevando a cabo desde la administración pública.

Por otro lado la Ley indica que, al momento de elaborar un expediente para contratar un servicio o realizar una compra, «se agregarán proformas y/o presupuestos correspondientes a los insumos y/o alimentos a adquirir en un mínimo de dos (2), a los fines de elaborar el presupuesto de adquisición» y que al mismo tiempo se promoverá el estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados y determina como no admisible que haya una sola oferta.

Para este tipo de contratos no se exigirá que el prestatario o vendedor figure en el Registro Único de Proveedores del Estado, pero que la firme que resulte ganadora debe inscribirse si no lo está. Por otra parte, establece que las contrataciones directas deben ser comunicadas en el Boletín oficial o medios masivos de comunicación. Con información de Tiempo Sur


Avisos

PROVINCIALES

Jugar con gas no es protesta, es un crimen

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En Santa Cruz se cruzó un límite inaceptable. El sábado 21 de junio, la Escuela Provincial N.º 45 de Pico Truncado fue escenario de un hecho gravísimo: una cocina industrial fue encontrada con todas sus hornallas abiertas, liberando gas durante horas dentro del edificio. No fue un accidente. No fue una falla técnica. Fue un acto de sabotaje. Frío, calculado y cobarde. Un crimen que pudo costar vidas.

El sistema de seguridad de la empresa RAMS dio la alerta a las 10 de la mañana. Al ingresar, el personal no encontró puertas forzadas, ni vidrios rotos, ni objetos robados. Lo único que encontraron fue el olor penetrante del gas y un mensaje implícito: “Esto es lo que somos capaces de hacer”. La tragedia no ocurrió de milagro. Pero la amenaza fue clara. Y la intención, brutal.

¿Quién está tan podrido por dentro como para convertir una escuela en una bomba de tiempo?

¿Quién cree que el miedo, el caos o la muerte pueden ser una herramienta válida en una disputa política?

Lo que pasó en Pico Truncado no es una denuncia. No es una manifestación. No es una consigna sindical. Es terrorismo doméstico. Es sabotaje contra el Estado, contra la comunidad educativa y, sobre todo, contra la vida de niñas y niños.

La directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo, lo dijo con claridad: “Esto no puede quedar impune”. Y tiene razón. Porque si el gas se naturaliza como amenaza, lo próximo puede ser fuego. O sangre.

Hoy la provincia está en pie, reconstruyendo su sistema educativo con hechos concretos: obras, presencia, gestión. Hay errores, sí. Pero lo que no se va a permitir es que la respuesta a un reclamo, a una diferencia o a una interna, sea poner en peligro la vida de menores.

Este acto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. No solo para identificar a los responsables, sino para marcar un límite como sociedad. Porque el que juega con gas en una escuela no está protestando: está atentando. Y eso no se discute. Se condena.

La educación no se sabotea.

La vida no se amenaza.

Y la política que apesta a miedo y violencia debe ser desterrada.

Santa Cruz no va a retroceder. Y frente a quienes no tienen límites, la respuesta debe ser una sola: justicia.

La Prensa de Santa Cruz 


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