SOCIEDAD
En el Senado, JxC también se alinea en defensa de la Corte y reclama que se aplique el fallo que favoreció a Larreta

El bloque opositor emitió un comunicado rechazando el pedido de juicio político al máximo tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores peronistas.
En modo receso estival, en el Senado de la Nación observan atentos el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el pedido de juicio político para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Para que el tratamiento del proyecto llegue a la Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner tiene que sortear varios obstáculos, como ya contó Tiempo.
Por este motivo, pocos oficialistas de la Cámara Alta se han pronunciado esta semana de manera pública sobre el tema, aunque desde el interbloque opositor de Juntos por el Cambio se emitió este jueves un comunicado en el que expresaron el rechazo al pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de justicia, suscripto por el presidente y 11 Gobernadores.
Según fundamentaron: “Se trata de un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial presionando a los miembros de la CSJN y demás funcionarios y magistrados. Esta conducta del presidente se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir, y en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”.
Por otro lado, los senadores opositores apuntaron contra el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo reforme el Consejo de la Magistratura por medio de un decreto “sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada para lo que se hace imprescindible el consenso político”.
El titular del interbloque, el radical Alfredo Cornejo fue más duro en su postura y opinó ante la prensa que el pedido “es el manotazo de ahogado de un presidente que no supo atender los verdaderos problemas de la gente, preocupándose por los conflictos legales de su jefa política”.
En el Senado el Frente de Todos cuenta con 35 escaños más tres aliados que responden a partidos provinciales: Alberto Weretilneck (Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (La Rioja). Sin embargo, dentro del oficialismo hay senadores con una mirada que se diferencia en varios temas como Edgardo Kueider (Entre Ríos), Guillermo Snopek (Jujuy) y Carlos “Camau” Espinola (Corrientes). Según pudo saber Tiempo, este último estaría cada vez más alejado de sus compañeros de bloque.
Pese a las posibles disidencias dentro del oficialismo, se necesitan los dos tercios de la Cámara para poder aprobar avanzar con el juicio político, número que el Frente de Todos no tiene. JXC cuenta con 33 integrantes mientras que Alejandra Vigo tiene un monobloque que representa los intereses del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
Por lo pronto, desde el oficialismo, el senador porteño Mariano Recalde dio su punto de vista. En declaraciones radiales opinó que “el presidente tiene que usar más la lapicera” al tiempo que expresó que la decisión que tomó Fernández “venía esperándose por parte de mucha gente“. De todas maneras explicó que “al Senado le toca juzgar, así que no me gustaría adelantar opinión para que después digan que prejuzgué”, señaló.
En tanto, la jefa del bloque Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio sostuvo que la Justicia “se lleva puesta la voluntad popular por lo que le pide el poder económico que lo contrata. La Corte no acepta las decisiones del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo que son votados por la gente”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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