SOCIEDAD
En Diputados, el oficialismo tiene el número para sacar el dictamen del juicio a la Corte, pero luego se hace cuesta arriba

El Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión que tratará el proyecto. Sin embargo no cuenta con los dos tercios para generar la acusación y que el juicio pase al Senado.
Tras el respaldo de al menos doce gobernadores, el presidente Alberto Fernández enviará este miércoles el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación a la Cámara de Diputados. Una vez que ingrese el proyecto deberá ser girado por la titular del cuerpo legislativo, Cecilia Moreau, a la Comisión de Juicio Político que preside la oficialista Carolina Gaillard.
Debido a que el Congreso está en receso, para que funcione el tratamiento del pedido de juicio político tiene que ser el Poder Ejecutivo quien, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, debe convocar a sesiones extraordinarias y fijar un temario en el que incluya el proyecto.
La Comisión que lidera la diputada entrerriana tiene como competencia investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos que se presenten en la Cámara. Si la Comisión considera admisible el pedido deberá poner en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio o se desestime.
La composición actual de la comisión es de 31 diputados y el oficialismo cuenta con la mayoría -16 legisladores en total- por lo que el dictamen no será complejo de firmarse. Juntos por el Cambio no respalda el proyecto y tiene 14 representantes. También integra la Comisión Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal, también en contra del pedido, pero el número no alcanza para bloquear el trámite.
Cabe destacar que el proyecto no fue firmado por los gobernares peronistas Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan). Sin embargo, tanto la entrerriana Gaillard como el sanjuanino José Luis Gioja, que integran la Comisión, y pertenecen a esas provincias, firmarán el dictamen de respaldo.
La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022.
Si el proyecto lograra sortear el paso del dictamen, la Cámara Baja elige a uno o dos diputados que serían los encargados de presentar la acusación ante el Senado. Pero para poder generar la acusación, la iniciativa necesita dos tercios de la Cámara Baja. Acá comienzan las dificultades para el oficialismo porque en principio no tiene ese número.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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