Presentó la renuncia a su cargo Elizabeth Gómez Alcorta, la funcionaria que se desempeñaba como titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad desde 2019.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia a partir de “diferencias irreconciliables” con el Gobierno.

Principalmente, el distanciamiento al que refiere es sobre las disposiciones políticas que se llevaron adelante con respecto al conflicto mapuche en Villa Mascardi, donde hubo un desalojo. Mientras que el Gobierno todavía no lo anunció.
Cabe recordar que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desplegó un operativo para controlar y custodiar la zona que fue ocupada por una agrupación mapuche. Por lo que se creó un “Comando Unificado de Seguridad” con dicho objetivo luego del tenso clima en el lugar.

En este sentido, los individuos que usurparon las tierras también fueron protagonistas de la destrucción y quema de las propiedades. Durante el desalojo, fueron detenidas siete personas de la lof Lafken Winkul Mapu, una comunidad mapuche.

Entre ellas, había dos mujeres con sus hijos menores de edad y una tercera estaba embarazada de 40 semanas. Es entonces que varias dirigentes se expresaron sobre la situación y criticaron los modos en que el Gobierno actuó durante el desalojo.

Así, la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro cuestionó, “No ha habido intervención del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación”. Luego, agregó, “Tampoco del Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) por la situación de los bebés detenidos”.

De esta forma, Elizabeth Gómez Alcorta declaró este jueves por la mañana: “La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48hs detuvieron a 7 mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad”.

Además, como titular hasta entonces del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se manifestó estar alerta “desde el primer momento”.

A su vez, Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que estuvo “interviniendo activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”.