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Jueves 14 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

El tarifazo llega a los colectivos y trenes

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En medio de brutales aumentos de precios a diestra y siniestra, el Ejecutivo ahora aprieta el acelerador en transporte, uno de los rubros de consumo más esencial. 
Javier Lewkowicz

Por Javier Lewkowicz

El Gobierno avanza para aplicar un aumentazo en el boleto de colectivos y trenes en el AMBA. El colectivo pasará a partir de febrero a 270 pesos y el tren, a 130 pesos. Este cuadro tarifario, propuesto en la Resolución 1/2024 publicada en el Boletín Oficial, supone aumentos de 251 por ciento para la tarifa del colectivo y de 169 a 247 por ciento, según la línea, para el ferrocarril. Así lo comunicó la Secretaría de Transporte, que dispuso la apertura de una acotada instancia de participación ciudadana.

También habrá otros cambios operativos. Desde febrero, el usuario que no tenga la tarjeta SUBE registrada a su nombre sufrirá un alza superior, ya que deberá pagar 430 pesos el boleto de colectivo y 260 pesos en el caso del tren. A partir del 1 de abril, los usuarios están obligados a registrar su tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar. A diferencia de lo que pasaba antes, ahora la oposición dialoguista no encuentra que el seguimiento estatal de los movimientos de la ciudadanía sea un riesgo para la privacidad de los datos. Los cambios tarifarios se montarán sobre el incremento del 45 por ciento de enero.

Si Milei y su equipo de jactan de que en campaña prometieron llevar a cabo lo que ahora están haciendo, en el punto tarifario, cabe recordar, la situación fue distinta. «No vamos a tocar las tarifas, porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas», decía el Milei candidato en el debate frente a Sergio Massa.

Repercusiones

«Empezamos un proceso para cambiar la lógica de subsidios. Buena parte del Interior paga tarifas más acordes con la realidad, incluso recibiendo subsidios«, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, y agregó que «el registro de la tarjeta forma parte de la transición hacia un esquema de subsidios a la demanda, para que el que pueda pagar una tarifa completa lo haga y el que no, pague con una tarifa subsidiada«.

Para Pedro Bussetti, de la entidad de usuarios Deuco, «la adecuación tarifaria propuesta no tiene precedentes en las últimas décadas y afectará a millones de usuarios, que además a partir de la misma fecha soportarán el aumento de las tarifas de gas, que pueden llegar hasta el 400 por ciento, el inminente aumento de las tarifas eléctricas en porcentajes similares y la reiteración de la inflación en el orden del 20 por ciento, como mínimo. El fallo CEPIS de la Corte Suprema de la Nación dispone que el valor de las tarifas de los servicios públicos deben ser justas y razonables y asequibles a los ingresos de los usuarios».

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, consideró que «hace 20 años que el boleto se viene retrasando respecto de la inflación y ahora llegamos a una situación extrema. Desandar ese camino obliga a que el boleto crezca por encima de la inflación si se quieren bajar los subsidios». Además, calculó que «el costo real del boleto subirá de 800 pesos en diciembre último a 1.500 pesos en marzo, y, en ese marco, proyectó que para marzo el boleto deberá costar aproximadamente 500 pesos».

Para Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, «mientras hay lugares en el mundo en donde se busca que haya tarifa cero para trabajadores, como si fuera un sueldo indirecto, nosotros castigamos al trabajador con tarifas cada vez más altas. Los descuentos que hay, simplemente no alcanzan».

Hernán Letcher, director del CEPA, advirtió que «los cálculos de la baja de subsidios se hacen como si esto fuera una cuestión fija. El problema es que no solo hay que tener en cuenta la quita de subsidios sino también el esquema de desregulación que el Gobierno plantea, que lleva a que el costo asociado a la tarifa aumente todo el tiempo, porque se trata del combustible, de los vehículos y su mantenimiento, asociados al dólar. Si vuelven a devaluar en marzo, rápidamente se vuelve a correr el arco de las tarifas y de los subsidios».

Los cambios

De acuerdo a los cambios que propone el Gobierno, la primera sección (0 a 3 kilómetros) del colectivo pasará de 76,92 a 270 pesos; la segunda (3 a 6 kilómetros) de 85,69 a 300,78 pesos; la tercera (6 a 12 kilómetros) de 92,29 a 323,95 pesos; la cuarta (12 a 27 kilómetros) de 98,90 a 347,15 pesos; y la quinta (más de 27 kilómetros) de 105,46 a 370,18 pesos.

En tanto, en el caso del tren la tarifa mínima actual (de 48,38 pesos para la Línea Mitre, y de 37,38 pesos para las líneas Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, y Roca) se unificará en 130 pesos. En tanto, el segundo tramo (12 a 24 kilómetros) pasará a 169 pesos y el tercero (más de 24 kilómetros) a 208 pesos.

La tarifa social para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y Becas Progresar seguirá otorgando un 55 por ciento de descuento en las tarifas. Sin embargo, el descuento de tarifa social ya no será más acumulativo con los de la Red SUBE –en el caso de combinaciones de transporte durante una ventana de dos horas– la cual prevé la tarifa plena en el primer viaje, 50 por ciento en el segundo y 75 por ciento en el tercero.


Avisos

PROVINCIALES

Brizuela: «El SOEM no puede exigir mejoras en la CSS si el intendente que ellos respaldan es uno de los principales responsables de desfinanciarla»

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El ministro de Gobierno apuntó contra Pedro Mansilla, del SOEM.

Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno, apuntó contra Pedro Mansilla, secretario general del SOEM de Río Gallegos, por «reclamar mejores prestaciones en la Caja de Servicios Sociales sin mencionar la negativa del intendente Pablo Grasso a realizar los aportes correspondientes», informó Gobierno. 

«Es llamativo que el sindicato municipal haga reclamos a la obra social y, al mismo tiempo, guarde silencio sobre el incumplimiento de su propio empleador. Esta omisión no es ingenua, es claramente una complicidad», afirmó Brizuela.

El funcionario aseguró que la falta de aportes municipales no solo «rompe el sistema solidario que sostiene la salud de los trabajadores, sino que también pone en riesgo el sistema jubilatorio provincial». 

«Cada mes que el intendente no deposita lo que corresponde, la deuda crece y el daño al sistema es mayor. Es una bomba de tiempo que terminarán pagando todos los santacruceños y que genera desigualdades que hace que sea cada vez más inviable sostener su funcionamiento», siguió.

«El SOEM no puede exigir mejoras en la obra social si el intendente que ellos respaldan es uno de los principales responsables de desfinanciarla. Reclamar por un lado y encubrir por el otro es hipocresía pura y más en épocas electorales», concluyó el ministro.

Diario Nuevo Dia


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