INFO. GENERAL
El Municipio de Río Gallegos denunció al presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz por mensajes de odio contra la comunidad LGBTIQ+
Esta mañana, el jefe del Departamento de Diversidad, Rodrigo Ordoñez; y la responsable de la Dirección de Políticas de Género, Viviana Caballero, se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia para formalizar una denuncia contra Jairo Henoch Guzmán, director del PAMI y referente del partido libertario en la provincia, por incitación a la violencia y discursos de odio contra el colectivo LGBTIQ+.
En un posteo en redes sociales, que rápidamente se viralizó, Guzmán mostraba una bandera con los colores de la diversidad que era consumida por el fuego, junto a una leyenda discriminatoria.
Tras la presentación, que fue recibida por el responsable de la Secretaría de Género del máximo tribunal, Caballero expresó los alcances de la denuncia, que solicita un pedido de disculpas público por parte del funcionario nacional, que se le ordene asistir al taller de Masculinidades que brinda el municipio y que asista a capacitación de la Ley Micaela del Poder Judicial.
“Los mensajes de odio provenientes de representantes y funcionarios que, además, ocupan cargos en el Gobierno Nacional encienden todas las alarmas que ya existían anteriormente. Por eso, hoy venimos no solo desde el discurso y las acciones comunitarias, sino también a hacer una presentación formal ante la Justicia. Pedimos que se retracte, no replique estos mensajes y se capacite en no discriminación y no divulgación de mensajes de odio”, indicó la responsable de la Dirección de Políticas de Género.
Para Caballero, “los mensajes difundidos por Jairo Guzmán no son opiniones, sino expresiones de odio y por eso nos resulta importante y digno de celebrar que en la Municipalidad de Río Gallegos tengamos un intendente con decisión política no solo para defender nuestros derechos, sino brindarnos herramientas para defendernos de los ataques, porque mostrar una bandera prendida y utilizar un falso patriotismo para enfrentar a la comunidad de la diversidad es peligroso y genera violencia que luego se traduce en la calle”.
Por su parte, Rodrigo Ordoñez, jefe del Departamento de Diversidad y Disidencia municipal, sostuvo: “Lo sucedido nos afecta a toda la sociedad, no solo al colectivo LGBTQ+, y atenta directamente contra la convivencia democrática. Estos mensajes de odio incitan a la violencia social. Es un tema de derechos humanos”.
Finalmente, Ordoñez destacó el apoyo recibido por la comunidad, pero advirtió que la legitimación de estos discursos representa un peligro institucional que debe ser abordado con firmeza.
INFO. GENERAL
Grasso recorrió la obra de viviendas que serán entregadas a la comunidad
El ejecutivo municipal recorrió el predio de las 20 viviendas que serán entregadas a vecinos y vecinas de la ciudad capital, siendo un total de 100 durante el 2024. Asimismo, afirmó que durante el 2025 hará la entrega de otras 100 propiedades.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, recorrió este miércoles las 20 casas que entregará la Municipalidad el lunes 9 de diciembre. Lo hizo junto a la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso.
En su visita a la obra de las viviendas, resaltó el esfuerzo que ha hecho la Municipalidad este año, en medio del abandono por parte del Gobierno nacional sobre todas las obras que se proyectaban en la provincia, sumado al ajuste que realizó el Ejecutivo provincial
Con estas 20 viviendas, el Municipio concreta este año la entrega de 100 viviendas, consolidando un Estado presente y priorizando la justicia social para garantizar el acceso a la vivienda propia.
El intendente destacó el esfuerzo, el trabajo y la gestión que día a día pone el personal municipal para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Río Gallegos, asegurando que «cómo lo dijimos desde un principio, Río Gallegos no va a resignar nada, vamos a seguir haciendo festivales de primer nivel, vamos a seguir asfaltando y haciendo viviendas, transformando nuestra capital en ese lugar que nos merecemos».
Las viviendas son unidades que habían quedado suspendidas con la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional y en donde el municipio asumió la responsabilidad de continuar y finalizarlas con fondos propios.
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