Caputo le prometió a Milei desinflación pero terminó abriendo importaciones y rogando a empresas que bajen precios. El miedo al IPC de marzo y el enigma del dólar. 

Por Leandro Renou

Algo más de dos meses fueron suficientes para que la teoría del libre mercado que abonó el gobierno de Javier Milei cayera derrotada a manos de las empresas productoras de alimentos y bebidas. El sacudón de precios que se generó en toda la economía por la liberación, lejos de redundar en libre competencia con valores a la baja, disparó los precios de regulados y canasta básica y obligó al gobierno a entregar las armas. En las últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión de Milei de abrir las importaciones de alimentos y medicamentos para intentar una baja en los precios. Horas antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, les había rogado a los grandes supermercados y las empresas fabricantes dejar de subir los precios. Todo esto, porque hay una serie preocupación en el Gobierno por el dato de inflación de marzo, que será muy fuerte. Más allá del 13,2 por ciento que dio a conocer el INDEC para febrero, logrado a base de recesión, dólar pisado y que el presidente consideró «un numerazo», la perspectiva de corto plazo es la contraria. Según supo Página I12 de fuentes oficiales, si se sostiene a este ritmo, la inflación de alimentos de marzo tendrá 15 puntos como base (la consultora LCG midió subas muy fuertes en las primera semanas del mes) y la general volverá a estar por encima del 20 por ciento. 

La capitulación del Gobierno respecto a los precios libres no sólo es un golpe de nocaut a la concepción mileísta de una inflación solo explicable desde lo monetario; sino también es una situación que desató tensiones políticas internas que en la pública se busca disimular entre el Presidente y los encargados de áreas económicas. En el eje quedó el propio Caputo, quien le prometió a Milei 10 puntos de IPC en febrero y un digito en marzo. El tercer efecto es que la decisión de abrir importaciones le pega en la base de flotación a las empresas nacionales, sobre todo pymes, que quedarán con un precio menos competitivo y costos más altos, en un mercado inundado de importados. 

Alguien que conoce bien la industria comentó a este diario, con algo de sorna, que «habrá que ver cómo reaccionan la Unión Industrial y Copal». La UIA y la cámara de productores de alimentos venían jugando muy fuerte bancando el ajuste del Gobierno y ahora deberán reaccionar ante lo que será un impacto importante en la caída de actividad y el empleo. 

La decisión de abrir se tomó luego de que Caputo le contara al Presidente que las firmas nucleadas en la Copal, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada, no le dieron certezas de que pudieran ir a una baja de precios. Horas después, cuando Caputo se vio con los grandes supermercados, le aclararon que los que forman el precio son los proveedores. Tampoco se comprometieron mucho y «Toto» llegó con las manos vacías a explicarle a Milei por qué marzo mostrará números muy malos. Si bien ninguno de los dos es experto en economía doméstica, la de la diaria, ni en consumo, Milei y Caputo echaron mano a metralla ya utilizada y que poco tiene que ver con el libre mercado: el ex ministro Sergio Massa, cuando se disparó el precio del azúcar, amenazó con abrir las importaciones. Y Mauricio Macri hizo lo propio con la industria farmacéutica deslizando la posibilida de traer remedios de La India. Lo de convocar a los empresarios para acordar, de hecho, fue una metodología que inició el ex secretario Guillermo Moreno, con la «escuelita» de los viernes. En todos los casos, la lógica era la desesperación por precios que se van y que manejan las empresas. Milei cayó en la misma trampa, con una diferencia: fue su Gobierno el que liberó todos los precios de la economía, seguro de que competirían. 

Golpe a la industria y guiño a Farmacity

El detalle de la medida del Gobierno pasa por la modificación de plazos para la importación, dado que hoy la compra externa está abierta. Así, el BCRA reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal, que pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días. Asimismo, se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos. «Entre los principales productos beneficiados se encuentran: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos, pañales, entre muchos otros productos», explicó un comunicado de Hacienda. 

Hay aquí tres problemas: el primero, que el Gobierno no tiene dólares ni para pagar el ritmo actual de importaciones. El segundo es que el Gobierno quiere que importen los distribuidores y mayoristas, para que eso quiebre el piso de precios en los barrios. El asunto es que la generación de nuevos proveedores puede tardar, mínimo, dos meses, y deben ser proveedores limítrofes. Ergo, con esta medida el Gobierno no verá ni por asomo un efecto inmediato. Los grandes supermercados ya importan, allí sí podría verse una modificación. Y el tercero es que las importaciones de los productos que menciona el Gobierno ya están abierta y se hacen; y para tocar aranceles hay que tratar el tema en el Mercosur. 

Con el tema remedios, en tanto, pasó algo curioso. Hay una relación tan estrecha del Gobierno con Farmacity, que la decisión de sumarlos es considerada, por los que siguen el tema, como un favor a esa firma. Eso conecta, por ejemplo, con la movida que hizo Caputo para mostrar que en la cadena había promos que develaban precios a la baja. Farmacity es del grupo Pegasus, de donde salió Mario Quintana, ex funcionario del gobierno de Macri y personaje muy cercano a Caputo. Ambos se conocen de esa gestión. 

«Me van a cagar»

Cuentan los laderos de Milei que Caputo le dijo al presidente que las alimenticias «me van a cagar». El ministro les creyó más a los supermercados que a las firmas que lo visitaron, entre ellas Arcor, Coca Cola y Unilever. De allí que la medida les pegue directamente a la industrias y nada a los supermercados. Caputo sabe que, en el corto plazo, alguien tendrá que pagar el costo político del rebrote inflacionario, y que él se lleva todos los números. Además, el ministro es muy cuestionado por la licuación de ingresos. «Se le fue la mano», contó a este diario un funcionario libertario. Es que el combo es mortal: precios libres, con las empresas marcando el ritmo y los sueldos derrumbados. 

A decir verdad, algo de razón tiene Caputo de enojarse por los niveles de especulación, como les pasó a los otros gobiernos. Dos datos: en los últimos 14 meses, la mexicana Bimbo, dueña de Fargo y titular del 80 por ciento de la góndola de panificados, aumentó sus precios un 1400 por ciento. En ese mismo período, Arcor los subió 1000 por ciento. 

En la última reunión con fabricantes, Caputo les dijo que estaba preocupado porque, en dólares, los precios de alimentos y bebidas son más caros que en las ciudades más caras del mundo. La teoría del ministro es que las empresas están seguras de que va a devaluar de nuevo, y que por eso aumentan por las dudas. Él lo niega, pero la realidad no parece hacerle un guiño. Con estos niveles de inflación y el dólar planchado, la devaluación es inminente. Por eso, las empresas no le creen al ministro y los agroexportadores no liquidan.