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SOCIEDAD

El intendente de Córdoba emite un bono por 30 mil millones y abre el camino a Llaryora

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Passerini busca pasar a pesos la bomba en dólares que dejó Mestre. Llaryora quiere tomar 500 mil millones.

Por Gabriel Silva

Daniel Passerini logró conseguir sobre el filo la autorización del Banco Central de Javier Milei para emitir un bono de 30 mil millones de pesos que evite que la Municipalidad de Córdoba Capital entre en default de la deuda en dólares que arrastra desde la gestión del radical Ramón Mestre hijo.

La operación necesitió las autorizaciones del ministro del Interior, Guillermo Francos y del Banco Central que preside Santiago Bausili, hombre de Toto Caputo. El trámite sirvió a los cordobeses para medir el estado de la compleja relación que mantienen con Javier Milei.

En la apertura de sesiones del 1° de marzo pasado, Passerini dedicó una buena cantidad de párrafos a la deuda en dólares que tiene la Ciudad. A raíz del recordado compromiso por 150 millones de dólares que tomó en su momento la gestión del radical Ramón Mestre, convirtiendo así a la capital cordobesa en el único municipio del país con deuda en moneda estadounidense. Tal como repite Passerini cuando menciona el tema.

Por eso, frente al inminente vencimiento del pago una primera cuota el 31 de este mes, Passerini decidió probar suerte en el mercado con una letra por 30.000 millones de pesos, que utilizará para pagar el vencimiento de 25 millones de dólares. 

En los hechos, Passerini está convirtiendo deuda en dólares en deuda en pesos -una operación siempre recomendable en la Argentina, en un momento propicio: el dólar está planchado. En la colocación intervendrán los banco Macri y Galicia y el Banco de Córdoba.

El empréstito que tomó Mestre en el 2016, se produjo en un contexto nacional con Cambiemos en Casa Rosada y con el intendente radical alineado en aquel momento con la gestión de Mauricio Macri. En su gestión Macri y su entonces ministro Caputo, el mismo de ahora, alentaban a los estados subnacionales a endeudarse en dólares, como el propio Macri hizo con el FMI. Las consecuencias son conocidas y se siguen pagando hasta hoy.

Cuando Martín Llaryora derrotó a Mestre y asumió en la intendencia -con Passerini como vice- decidió reestructurar la deuda.

La operación necesitó las autorizaciones del ministro del Interior, Guillermo Francos y del Banco Central que preside Santiago Bausili, hombre de Toto Caputo. El trámite sirvió a los cordobeses para medir el estado de la compleja relación que mantienen con Javier Milei.

La licitación será entre las 10 y las 16 de este martes, se licitará la Serie L de Letras del Tesoro por el monto mencionado, a 360 días de plazo y con tasa variable. Con intereses que se pagarán en cuatro tramos a los 90, 180 y 270 días, además del cierre; y tendrá a al banco de Córdoba (Bancor) como agente liquidador.

En el Palacio 6 de Julio -sede de la Municipalidad- existe lógica expectativa por la herramienta para evitar el default y continuar con la gestión, en medio de un contexto de severa crisis social que preocupa a Passerini, pero también al gobernador Martín Llaryora. La respuesta que tenga la toma de letras por parte del municipio cordobés servirá de termómetro a la Provincia que también tiene vencimientos en dólares de gestiones anteriores y aspira a colocar un monto más de diez veces más grande -500 mil millones-.

El ex intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre.

Con una sutil, y a la vez compleja diferencia, Passerini puede responsabilizar a Mestre por el endeudamiento al que sometió a la Ciudad en 2016; pero Llaryora no podrá apelar a esa jugada porque su antecesor fue Schiaretti. Más aún por la maniobra del exgobernador que al despedirse de la gestión dijo que dejaba una pro dejaba una provincia saneada.

«Queda un excedente financiero de 932 millones de dólares», dijo Schiaretti en noviembre pasado en la Bolsa de Comercio y a tono de despedida del Círculo Rojo.

Si Passerini logra una buena aceptación en la licitación de este martes, podrá esperar más descomprimido el segundo vencimiento allá por el 30 de septiembre -por el mismo monto-, con la expectativa incluso de encarar una postergación.

Cuando Mestre tomó esta deuda, celebró desde Nueva York junto a quien era su secretario de Economía, el ahora exdiputado Hugo Romero. En ese momento incluso festejó que Córdoba era «la única ciudad del país y la segunda en Sudamérica» con un empréstito en dólares. Deuda que tomó con un dólar que en aquel momento estaba en poco más de 15 pesos y que se utilizó, además de una reestructuración financiera, para la construcción de parques educativos. La obra que aquella administración definió como un hito de la gestión, pero que no le sirvió para traducirlo a lo electoral con la dura derrota del 2019.

Años más tarde, saliendo del primer año de pandemia, en noviembre del 2020 Llaryora postergó el pago del primer vencimiento para el 2024 y ahora es Passerini quien deberá enfrentar los primeros pagos. 


28 DE NOVIEMBRE

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Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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