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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

El Gobierno pidió a los jueces de la Corte que se excusen en la causa “coparticipación” por los chats

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La Procuración del Tesoro mantuvo la recusación, pero le pidió a los jueces que por «razones de delicadeza y decoro» se aparten voluntariamente del expediente.

El Gobierno Nacional le pidió a los jueces de la Corte Suprema que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo de la administración porteña.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.

“Si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”, sostiene el escrito firmado por Zannini, de más de 30 páginas.

El documento reconoce que “el ejercicio de la facultad de excusación por los magistrados de la Corte, exista o no causa legal de recusación, es privativa de los señores jueces y ajena a la actividad procesal de las partes”.

Pero en ese contexto aludió a la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal”, con D´Alessandro.

“Escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”, se atajó el escrito.

Pero resaltó: “Lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal”.

“Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”, reclamó la Procuración del Tesoro.

“Las circunstancias de hecho aquí reseñadas, que involucran a los señores Robles y D´Alessandro, vienen a corroborar que tenía un sólido asidero aquella presentación efectuada por el Estado Nacional en fecha 27 de agosto de 2022”, resumió el documento.


PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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