SOCIEDAD
El Gobierno lanzó Precios Justos en comercios barriales

Habrá una canasta con más de 100 productos de consumo masivo con precios congelados hasta el 15 de julio, informó la Secretaría de Comercio.
La Secretaría de Comercio puso en marcha hoy el programa «Precios Justos Barriales», una canasta con más de cien productos de consumo masivo que mantendrán un valor de referencia en comercios de cercanía.
Los productos mantendrán sus precios hasta el 15 de julio y luego tendrán una actualización del 3,8%, en consonancia con el resto de los productos de Precios Justos.
A través de un acuerdo a nivel nacional alcanzado por esa Secretaría con mayoristas y empresas proveedoras, los comerciantes minoristas pueden adquirir la canasta para ofrecerla a los consumidores a precios sugeridos.
Esta selección está compuesta por artículos de almacén, bebidas, lácteos, perfumería, limpieza y productos para bebés, de 30 empresas de primera línea, destacó Comercio.
Según lo dispuesto, los minoristas podrán adquirir estos productos a través de tres canales: supermercados mayoristas (Diarco, Makro, Maxiconsumo, Micropack, Parodi, Vital, Yaguar y Nini), por entrega directa de las empresas participantes y a través de los distribuidores de esas compañías
Para garantizar que los productos lleguen a los consumidores, la Secretaría de Comercio diseñó el sitio web http://argentina.gob.ar/preciosjustos/barriales para que los comerciantes consulten el listado completo de productos y los valores acordados.
Además, a través del mail [email protected] se pueden canalizar denuncias por la falta de productos o precios de esta canasta.
Esta medida «tiene por objetivo reactivar el consumo en almacenes y autoservicios y recuperar el poder de compra de los salarios. Y busca acortar la brecha de precios existente entre los distintos canales de ventas (autoservicios y almacenes barriales versus cadenas de supermercados) que ronda el 34% en el último mes», destacó Comercio, en un comunicado.
Además, puntualizó que las empresas participantes del programa son: Adecoagro, Algodonera Aconcagua, Arcor, Beiersdorf, CCU, Clorox, Colgate – Palmolive, Danone, Don Satur, Estab. Las Marías, García Hermanos, JVA Swiss, Kimberly Clark, La Papelera del Plata, La Virginia, Laboratorios ESME, Marolio, Mastellone, Molfino, Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, Mondelez, Morixe, Nestlé Argentina, Papelera Samseng, Papelera San Andrés de Giles, Procter & Gamble, Prodea, Queruclor, South Seeds y Unilever.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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