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El Gobierno flexibiliza aún más las restricciones para exportar carne

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También se anunció un acuerdo con los frigoríficos exportadores para destinar una oferta adicional de carne, en diciembre, de 20 mil toneladas.

El Gobierno anunció la apertura total para las exportaciones de vacas categoría D, E y F con destino a mercados emergentes, un pedido específico de las entidades del agro.NAdemás, destacó el cumplimiento de todos nuestros compromisos internacionales: Cuotas Hilton, 481, Israel, EE.UU, Chile y Colombia.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, confirmó el sostenimiento de los 7 cortes preferidos por los consumidores en el mercado interno: asado, tapa de asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga y/o cuadrada, y anticipó un acuerdo con los frigoríficos exportadores para destinar una oferta adicional de carne, en diciembre, de 20 mil toneladas.

El Gobierno presentó además un plan para potenciar la ganadería que incluirá créditos por unos $100.000 millones para aumentar la productividad.

Fue en un encuentro con los titulares de las cuatro entidades agropecuarias de la Comisión de Enlace. El plan, que establece un esquema de beneficios «directo para los productores», el sostenimiento de los cortes preferidos para el mercado interno a precios accesibles; la creación con rango institucional de un Consejo Consultivo con representantes de toda la cadena; y un nuevo esquema de exportaciones destinado a mercados emergentes.

El ministro de Agricultura dijo que «la decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena».

El Plan, realizado junto al INTA, el SENASA y las universidades públicas, contempla beneficios como un nuevo esquema de exportaciones para la comercialización de todas las vacas categorías D, E y F.

También el impulso al aumento del peso de faena y al porcentaje de destete, con créditos a tasas subsidiadas destinados a productores; el estímulo a la inversión en genética y sanidad animal; y la creación con rango institucional de un Consejo Consultivo que tendrá el tarea de realizar el seguimiento de las medidas tomadas y posibles readecuaciones futuras y estará integrado por el Consejo Federal Agropecuario.

Incluirá, además, a CONINAGRO, CRA, FAA y SRA; las cámaras que representan a la Industria; los representantes de los trabajadores; la Cámara Argentina de Feedlot; la Mesa de la Carne; el IPCVA; la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores; la Asociación de Productores Exportadores de la Argentina (APEA); y por las Universidades de Veterinaria y Agronomía de todo el país.

«Vamos a aumentar la productividad porque queremos producir más carne, con un horizonte claro para los próximos dos años: recuperar nuestro stock ganadero», sostuvo Domínguez.

Dijo que se está trabajando también sobre «la certificación verde, la estrategia Marca País, y para garantizar la trazabilidad de nuestra ganadería sustentable».

Participaron del encuentro el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; su par de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; y por Coninagro, Elbio Laucirica.

Domínguez, en tanto, estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que participó en forma remota. También estuvieron la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el ministro bonaerense de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la titular de la cartera pampeana de Producción, Fernanda González.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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