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El Gobierno extendió la moratoria previsional hasta que el Congreso sancione una nueva ley

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Lo anunció el Presidente a través de su cuenta de Twitter. Se acordó con la titular de ANSES antes de que venza el plazo vigente de la normativa aprobada en 2014.

Este lunes por la tarde, el presidente, Alberto Fernández, confirmó que se extenderá la moratoria previsional hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Según expresó el mandatario en su cuenta de Twitter, se acordó con la titular de Anses, Fernanda Raverta, prorrogar la normativa vigente, sancionada en 2014.

“Hoy me reuní con Fernanda Raverta, para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014″, comenzó en su mensaje Alberto Fernández.

“La moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”, expresó. Y agregó: “De este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”.

La moratoria previsional que impulsa el kirchnerismo
A fines de junio, el Senado de la Nación dio media sanción el proyecto moratoria previsional que el kirchnerismo impulsó sin el aval del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. La iniciativa fue girada a Diputados, pero aún no se trató.

La norma prevé el establecimiento de un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes, puedan jubilarse este año.

De esta manera, se podrían regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

La encargada de defender el proyecto fue Juliana Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, el sector más K dentro del Frente de Todos, quien consideró que el costo fiscal de la medida es de 0,02 este año y 0,3 del PBI para el año que viene.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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