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Sábado 26 de Abril del 2025

SOCIEDAD

El Gobierno estudia suspender la Ley de Alquileres

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La norma rige desde junio de 2020 y a menos de dos años de su implementación habría acuerdo para dejarla sin efecto, al menos en forma temporal.

El Gobierno estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que, a menos de dos años de su puesta en vigor, dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles.

La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de departamentos a optar por no poner su propiedad en alquiler.

Entre los puntos más cuestionados es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e incluso en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI). Mariano Garcia Malbrán, alertó la necesidad de dejar bien aclarado, en el instrumento jurídico que se utilice para la suspensión de la ley, cuales serian los efectos de los contratos en curso. «En la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida», sostuvo tras la consulta de NA.

García Malbrán, cree que «es posible que el Gobierno mantenga los contratos vigentes aplicando la ley actual, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley y en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se regirán por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes».

Lo cierto, es que la norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y en consecuencia distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que por estos días se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. El Índice de Contrato de Locaciones (ICL) se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios) y de la inflación.

Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación


RIO TURBIO

SOEM Río Turbio aprobó la propuesta salarial del Ejecutivo: “Era necesario tener plata en el bolsillo”

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Julio Godoy, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, dialogó con Patagonia Nexo tras la asamblea que aprobó por unanimidad la oferta del Ejecutivo Municipal. En un contexto económico complejo, destacó la importancia de destrabar el conflicto y sostuvo que la próxima paritaria ya tiene fecha.

En una extensa charla en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio, el secretario general Julio Godoy expresó su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo salarial con el Ejecutivo Municipal. Luego de semanas de discusiones, propuestas y asambleas, los trabajadores municipales aprobaron por unanimidad una oferta que, aunque insuficiente, representa un alivio para sus bolsillos en medio de una economía cada vez más exigente.

Godoy subrayó que el proceso no fue sencillo, atravesado por diferencias internas y posturas diversas. Sin embargo, remarcó que «han sido momentos muy complicados, donde la necesidad del bolsillo prevaleció por sobre algunas mezquindades». Destacó que, pese a no alcanzar los niveles deseados, no se podía seguir postergando una respuesta concreta para los trabajadores, muchos de ellos con años de antigüedad en la administración.

La propuesta aceptada consiste en un aumento del 10% en abril —a cobrarse en mayo—, un 4% en mayo (a cobrarse en junio) y otro 4% en junio (a cobrarse en julio). Además, se acordó que los incrementos serían acumulativos y tendrían incidencia en el aguinaldo, totalizando así un 19% de impacto. La asamblea que aprobó la oferta fue multitudinaria, y Godoy valoró que haya sido una decisión unánime, señal de que “cuando los compañeros sienten que están perdiendo, se reactivan”.

Por otro lado, aclaró que el acuerdo no implica el cierre de la paritaria, sino que se mantendrá abierta, con una nueva instancia de discusión ya pautada para el 23 de junio. “Esto nos permitirá seguir ajustando de acuerdo al contexto económico, que todos los días cambia”, explicó.

En relación con los cuestionamientos que surgieron durante la negociación, especialmente sobre la situación financiera del municipio, el dirigente explicó que el intendente debió recurrir al endeudamiento con entidades bancarias para poder afrontar la propuesta salarial. También señaló que ya no existen herramientas nacionales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo cual limita severamente las posibilidades de los municipios.

Elecciones

Durante la entrevista, Godoy también se refirió al proceso electoral en marcha dentro del sindicato. Confirmó que se está trabajando en la depuración del padrón y que pronto se abrirá el periodo para la presentación de listas. Si bien no oficializó su candidatura, dejó entrever que competirá nuevamente, sosteniendo que “muchos compañeros nos piden que participemos” y reivindicando la gestión actual por su transparencia y compromiso.

Respecto a las críticas que recibió su conducción por mantener diálogo con el Ejecutivo, afirmó que “todo es política” y que quien está al frente de un sindicato debe tener la capacidad de generar soluciones concretas, más allá de los posicionamientos personales. En ese sentido, defendió la necesidad de establecer puentes de diálogo: “No vale andar rompiendo mesas o pateando puertas. Fijar postura es hacerlo con firmeza, pero también con argumentos”.

Finalmente, expresó su orgullo por la masiva participación en la asamblea y el respaldo obtenido. “Acá los compañeros vienen por convicción. Nadie obliga a nadie. Se discute el salario, porque ese es el bien común. Y lo hacemos con responsabilidad, sin perder de vista que representamos a más de 700 afiliados que confían en esta conducción”, concluyó.


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