Con 13 votos afirmativos y 9 negativos, la Cámara de Diputados de Santa Cruz adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto, que busca fomentar inversiones de gran escala en la provincia mediante beneficios fiscales y regulatorios, fue defendido por los bloques oficialistas como una herramienta clave para el desarrollo económico. Sin embargo, los sectores opositores lo calificaron como una «entrega de recursos» y alertaron sobre los posibles impactos negativos en las pequeñas y medianas empresas locales, así como en los derechos laborales.

Durante la sesión, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Legislatura en rechazo al proyecto, argumentando que atenta contra la soberanía provincial y los recursos naturales.