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El Gobierno creó un registro para centralizar la información sobre las organizaciones sociales

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La medida se da luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, impulsara una «auditoría» y «reordenamiento» de los planes sociales.

El Gobierno creó un registro para centralizar la información sobre las organizaciones sociales que participan de la política de planes sociales.

Se trata del Registro Único de Organizaciones Administradoras, creado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Resolución 1321/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El objetivo es «centralizar la información de las organizaciones que participan o desean participar de las acciones impulsadas» por la cartera conducida por Juan Zabaleta.

El registro en cuestión contará con «información actualizada e interconectada de los subsidios o prestaciones que tramiten en la órbita de las distintas secretarías del Ministerio».

Allí deberá inscribirse el conjunto de organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que actualmente cuentan con algún rol en el manejo de la política de planes sociales o que tengan intenciones de hacerlo.

El Ministerio de Desarrollo Social recordó que en marzo de 2005 ya se había creado un registro similar.

El Gobierno remarcó que «es menester redefinir los criterios a través de los cuales se implementan las acciones del Registro Único de Organizaciones Administradoras, promoviendo la simplificación de trámites administrativos que permitan una vasta e inmediata respuesta a las demandas de los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social y su correspondiente actualización».

En la resolución también se dio un plazo de diez días hábiles para que las distintas secretarías de la cartera social elaboren un listado de las organizaciones que actualmente se encuentran trabajando bajo la órbita de sus respectivas competencias.

La medida se da luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara en su primera conferencia de prensa que se iba a llevar adelante una «auditoría» y «reordenamiento» de los planes sociales


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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