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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

El futuro anterior

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Por: Artemio López

Los datos que disponemos actualizados nos permiten realizar algunas inferencias respecto al futuro socio electoral de cara a octubre de este año.

En principio según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo mapa interactivo está disponible en la red, el salario promedio en el país es de $154.354 para mediados de diciembre de 2022 en tanto la línea de pobreza para un hogar tipo 2 , de 4 miembros metropolitano, el indec lo fija en %145.948, sin considerar el pago pleno de alquiler.

Es fácil observar que el salario promedio formal (público y privado) está en línea con la canasta ampliada de pobreza, con lo que esto supone en materia de carencias, sin considerar que a este universo debe agregarse a los trabajadores informales y cuenta propias que representan el 60% de la Población Económicamente Activa.

El salario que más se repite entre trabajadores es de $85.000 mensuales, lo que no cubre más que el 50% de la canasta de pobreza de un hogar tipo. Jubilaciones y pensiones se ubican por debajo de la línea de indigencia, al igual que los planes de transferencias de ingresos a las familias, en todas sus variantes.

No llama la atención entonces que estemos transitando la peor distribución del ingreso de la década según los datos de UNPAZ-IDEPI realizados en base a la EPH-INDEC.

En efecto, mientras que la participación de los trabajadores sobre el ingreso generado en 2016 era de 45,3%, tras la gestión de Macri cayó al 40,4%, en 2021 al 36,7% y en el segundo semestre de 2022 al 33%. A contrario sensu el factor bruto de explotación (Capital) en el lapso analizado paso de participar con el 42,2% al 56,6%. Conclusiones por cuenta del lector.

Para finalizar un breve apunte electoral. Si la distribución del ingreso tiene eficacia electoral -y ha demostrado que sí- recordemos que con el 40% de participación de los trabajadores, Mauricio Macri no pudo ser reelecto.

Con el 37% el FDT no pudo resolver las elecciones de medio término de 2021 de manera eficiente, perdiendo 4 millones de electores respecto a su electorado de 2019, hoy con el 33% de participación el escenario de cara a octubre es muy complejo y debe ser revisado. El futuro anterior así lo demanda, lo que ya pasó si no se remueven las causas de lo sucedido, tiende a repetirse.

El ordenamiento Macro entonces, que encorsetado por el acuerdo con el FMI que contrajo Macri y convalidó Guzmán le pone límites al accionar del Ministro Massa es un escollo enorme

Sin embargo Massa sabe que las elecciones no se ganan solamente cumpliendo las metas con organismos de créditos ni refinanciando vencimientos. No solo “vota el mercado”, por ahora en democracia también vota el ciudadano de a pié y ese es el gran problema a resolver en la ventana de oportunidad que se abre desde este mes de enero a septiembre.

De lo contrario el cambio de régimen hacia una sociedad sin destino puede retornar y la larga noche neoliberal terminará de desquiciar a esta sociedad ya tan castigada.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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