Las autoridades provinciales del Ministerio de Producción, Comercio e Industria y del Ministerio de Seguridad participaron del Plenario Comisión de Transporte en el Concejo Deliberante ante la situación planteada por el reclamo de los taxistas en la ciudad de Río Gallegos contra la aplicación UBER.

El subsecretario de Transporte, José Maldonado junto a la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eloy Tuliz entro otros funcionarios intervinieron en la reunión dando a conocer las normativas establecidas y que se llevan adelante a través de los entes provinciales, recalcando que «los hechos actuales son meramente responsabilidad del Ejecutivo Municipal».

“Vinimos a acompañar y ver en qué podíamos aportar a esta situación compleja”, explicó Sanz, y aclaró que la competencia directa en esta materia corresponde al municipio. “Hemos sacado dudas y explicado hasta dónde son nuestras competencias y hasta dónde no. Nosotros podemos aportar o no, acompañar o no, trabajar juntos, pero en la medida que nos dejen”.

En cuanto a la posibilidad de intervenir directamente cuando exista un rodado afectado a la aplicación, Sanz fue contundente: “No podemos hacer una investigación en un control porque nos parece que el señor es Uber o no. Eso queríamos dejarlo claro”.

También destacó la necesidad de que las normativas sean aplicables: “Las normas y las leyes por sí mismas no tienen sentido. Cada vez que legislemos, hay que hacerlo pensando en la viabilidad y en si se puede aplicar o no. Puede haber muchas ordenanzas, pero si no se pueden aplicar porque no se consultaron, no sirven”.

Respecto a los reclamos de los taxistas, reconoció que hay un problema real: “La discusión tiene que ver con cuestiones económicas y una competencia desleal del sistema de Uber. Tal vez tenemos que trabajar en regularlo para que sea compatible y no perjudique a quienes están en estado de legalidad”.

Sanz insistió en que el Ministerio de Seguridad actuará “en la medida que la Justicia lo requiera” y remarcó que muchas de estas cuestiones “son administrativas, no penales”.

Finalmente, fue enfática al hablar sobre los riesgos y la necesidad de mantener estándares mínimos: “Con la seguridad no se negocia, las licencias no se negocian. Si quiero tener un negocio, tengo que pagar. Yo vivo de esto. Pero más allá de eso, la competencia tiene que ser leal”.