El juez de primera instancia Luis Rodríguez los había procesado por la contratación de 400 agentes, un mes antes del cambio de Gobierno, de Macri a Alberto Fernández.

La Cámara Federal porteña desprocesó al ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) durante el gobierno de Cambiemos, Omar Zeidán, y otros directivos de esa empresa estatal en una causa por presunta malversación de fondos.

La causa se inició por denuncia del ex interventor de YCRT y actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en relación con la presunta «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor».

El fallo de la Cámara, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, benefició también a los ex funcionarios de YCRT Sergio Lumachi y Raúl Guimard, a quienes en primera instancia el juez federal Luis Rodríguez había procesado y embargado hasta cubrir la suma de 45 millones de pesos.

El actual ministro denunció que la anterior conducción de YCRT había contratado a 400 trabajadores, gran parte de ellos como planta permanente, de manera innecesaria y poco más de un mes antes del cambio de gobierno.

“Las constancias volcadas al expediente no resultan suficientes para el dictado del procesamiento”, discreparon los jueces de Cámara, al revocar los procesamientos.

“La aislada circunstancia de que haya existido un contexto deficitario al momento en que se produjeron las contrataciones no constituiría per se un impedimento para incorporar personal”, consideró el fallo que desprocesó a los ex directivos de YCRT.

“A los fines del adecuado funcionamiento de cualquier empresa, resulta indispensable la dotación del personal correspondiente. Distinto se presenta el caso de que dichas contrataciones hayan sido innecesarias, inconvenientes o contraproducentes en función de ese contexto. Y ese extremo es justamente el que no ha logrado ser acreditado”, insistieron.

El tribunal ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas determinar “si, en función del conflicto gremial que subyacía al momento de los hechos, y a los efectos de sortear las dificultades generadas producto de esa situación, se debieron adoptar resoluciones que habilitaran las contrataciones”.