SOCIEDAD
Denuncian represión en la Séptima Marcha a Lago Escondido y los manifestantes cortan la ruta
Los empleados del magnate Joe Lewis habrían retenido a nueve manifestantes y a una fotoperiodista.
Integrantes de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido denunciaron este miércoles que decenas de manifestantes fueron agredidos, mientras que otras nueve personas que participaban de la movilización y una fotoperiodista fueron retenidos por peones rurales que responden al magnate británico Joe Lewis luego de que intentaran ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, que se encuentra prohibido para el tránsito público. La dirigente del MST, Cele Fierro, fue golpeada en la cabeza.
Fierro debió ser atendida por personal de emergencias. Sobre el episodio dijo que “de manera brutal y desmedida el personal pago de Joe Lewis que mantiene cerrado el camino público a Tacuifí reprimió violentamente con piedras, palos y gases lacrimógenos. Nuestro compañero Gonzalo Villagra, estudiante y activista socio-ambiental de la Red Ecosocialista y el MST en el FIT Unidad resultó herido, mientras la policía miraba de costado la represión”.
En protesta de estos hechos, los manifestantes realizan un corte total de la ruta nacional 40 en el kilómetro 1960, a la altura del paraje Tacuifí, desde donde nace uno de los caminos que lleva al espejo de agua.
Foto: Alejandra Bartoliche / TELAM
Pasado el mediodía, un grupo de manifestantes junto a la fotoperiodista de la corresponsalía Bariloche de Télam, Alejandra Bartoliche, logró ingresar por uno de los laterales de este camino, lo que motivó la reacción de los peones rurales que responden a Lewis y Nicolás Van Ditmar, su mano derecha.
Asimismo, Télam pudo confirmar que entre los manifestantes retenidos está el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos Parlasur, Gastón Harispe, dirigentes de La Cámpora y otros movimientos.
Martín Adorno, a cargo de la comunicación de la Séptima Marcha, sostuvo que “un grupo de gente que responde a Van Ditmar o que defiende intereses propios, pero vinculados a Van Ditmar y a Lewis, agredió a los manifestantes que intentaban ingresar por el camino del Tacuifí”, al tiempo que precisó que las víctimas son “Nicolás Villagra y Alejandro Magni. El primero recibió un golpe y el otro gas pimienta. Fueron asistidos por personal sanitario”.
Foto: Pepe Mateos / Télam
Foto: Pepe Mateos / Télam
“Con bandera argentina defendieron a un inglés”
«Hay gente con bandera argentina defendiendo a un inglés que está usurpando tierras y que no dejan llegar a un lago, que es de los rionegrinos y de los argentinos y de todo el mundo que quiere ingresar a ese lago», dijo a Télam el diputado por el Frente de Todos, Daniel Gollan, quien está en la marcha, y cuestionó: «¿Qué pasa en Lago escondido? ¿Qué se esconde? ¿A qué vienen fiscales, jueces, gente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios? El pueblo quiere saber qué pasa”.
Con información de Télam / Marcelo Cena
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo
El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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