Control vehicular en Cerro Negro: labraron 35 actas y retuvieron 11 unidades por falta de RTO

La Dirección Provincial de Conectividad Terrestre llevó adelante un operativo de fiscalización en el yacimiento Cerro Negro, ubicado en cercanías de Perito Moreno, con el objetivo de controlar las condiciones de los vehículos utilizados para el traslado de trabajadores y para las distintas tareas desarrolladas dentro del establecimiento minero.

El procedimiento se realizó en el marco de los controles impulsados por el Gobierno de Santa Cruz y contó con la participación de organismos vinculados a las áreas de Trabajo y Seguridad. Las inspecciones se extendieron hasta el sábado 12 de septiembre y abarcaron unidades que prestan servicios dentro del complejo minero operado por Oro Plata S.A. – Newmont.

35 actas y 11 vehículos retenidos

Como resultado de las inspecciones, los agentes provinciales confeccionaron 35 actas de comprobación por diferentes incumplimientos detectados durante los controles.

Entre las irregularidades identificadas, una de las principales fue la falta de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Ante esta situación, las autoridades dispusieron la retención preventiva de 11 vehículos, que quedaron inmovilizados hasta que sus responsables regularicen las condiciones exigidas para volver a circular.

Las unidades fueron trasladadas al puesto de control Cabo Linares, ubicado aproximadamente a seis kilómetros de Perito Moreno, donde permanecieron fuera de servicio de manera preventiva.

El director provincial de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc, sostuvo que el objetivo central de las inspecciones es garantizar que los vehículos afectados al traslado de trabajadores cumplan con los requisitos de seguridad.

“La seguridad de los trabajadores no se negocia”, afirmó Kuc al referirse al criterio aplicado durante los controles.

Participación de distintos organismos

El operativo se desarrolló de manera articulada entre la Dirección Provincial de Conectividad Terrestre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y organismos dependientes del Ministerio de Seguridad.

La fiscalización se enmarcó en las disposiciones establecidas para la actividad minera, particularmente en el Decreto Nacional N.º 249/07, que contempla normas de higiene y seguridad aplicables a los establecimientos mineros.

En este contexto, la RTO constituye uno de los mecanismos destinados a verificar las condiciones de seguridad de los vehículos, tanto en sus sistemas de seguridad activa como pasiva.

Dificultades durante el procedimiento

Durante las jornadas de inspección también se produjeron dificultades para el ingreso de los inspectores provinciales a determinados sectores del yacimiento.

Ante esta situación debió intervenir personal policial y se dio participación a la autoridad judicial correspondiente. Finalmente, se garantizó el acceso de los organismos de control y la continuidad de las tareas previstas.

Desde la Dirección Provincial de Conectividad Terrestre destacaron además la labor desarrollada por las fiscalizadoras Elizabeth Villarroel y Viviana Haro, quienes participaron de las distintas jornadas de inspección.

También formaron parte del procedimiento el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, el director provincial de Trabajo, Javier Peñalva, autoridades del Ministerio de Seguridad y efectivos de la Policía de Santa Cruz.

Tras los controles, acordaron una agenda con Newmont

Luego de las inspecciones se concretó una reunión entre representantes provinciales y autoridades de Newmont, en la que se planteó la necesidad de avanzar en una agenda de seguimiento de las observaciones detectadas durante los operativos.

El diálogo también incluyó otros aspectos vinculados con el funcionamiento de la actividad minera en Santa Cruz, entre ellos seguridad, cuestiones ambientales, empleo santacruceño, cumplimiento de la Ley 90/10 y participación de proveedores locales.

De esta manera, el operativo no solo dejó como resultado 35 actas y 11 vehículos retenidos, sino que también abrió una instancia de seguimiento entre los organismos provinciales y la empresa para abordar las distintas observaciones y requerimientos surgidos durante las fiscalizaciones.

La intervención provincial se enmarca en el objetivo de reforzar los controles sobre las actividades productivas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad dentro de los establecimientos mineros.